Los delegados sindicales del PDI laboral de la USAL se han concentrado para exigir la renovación de su convenio colectivo, bloqueado desde hace 11 años. Denuncian agravios retributivos frente a otras comunidades y advierten de movilizaciones en otoño si no hay avances.
Los delegados sindicales del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral de la Universidad de Salamanca (USAL) se concentran este jueves en el Patio de Escuelas para denunciar los 11 años transcurridos sin la revisión de su convenio colectivo. La protesta, convocada a las 9:00 horas de forma previa a la celebración del Consejo de Gobierno, ha servido para escenificar el entierro simbólico del segundo convenio y visibilizar el malestar de una plantilla que sufre importantes agravios retributivos.
Durante la movilización, amenizada con música reivindicativa, los representantes de los cuatro sindicatos negociadores (CCOO, UGT, STECyL y CSIF) han entregado postales a los miembros del Consejo de Gobierno. La portavoz de Comisiones Obreras, Marta Fuertes, ha calificado la situación de inaceptable y ha apelado a la responsabilidad de los equipos rectorales para defender la dignidad de los trabajadores de la universidad pública.
El estancamiento de las negociaciones ha generado una notable brecha salarial frente a otras instituciones académicas españolas. Según los datos sindicales, un profesor colaborador en Castilla y León percibe hasta 6.000 euros menos al año en comparación con la Universidad de A Coruña. Por el mismo trabajo y condiciones de acceso, el profesorado castellanoleonés cobra unos 300 euros menos al mes que sus homólogos en Cantabria, Asturias, Galicia o Extremadura, una diferencia que asciende a 500 euros si se compara con Cataluña.
Los representantes de los trabajadores han recordado que, tras acudir al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), las universidades aceptaron sentarse a negociar el pasado mes de marzo. Sin embargo, Fuertes ha denunciado que los tres acuerdos alcanzados en esa primera reunión han sido incumplidos, incluyendo el compromiso de mantener un nuevo encuentro en el plazo de un mes, algo que a finales de abril todavía no se ha producido.
Según los convocantes, esta parálisis institucional afecta directamente a unas 1.500 familias en Salamanca y a cerca de 5.000 en el conjunto de Castilla y León. La situación es especialmente precaria para el personal investigador, un colectivo que ha experimentado un gran crecimiento reciente y que engloba a unos 800 trabajadores solo en la USAL. La portavoz sindical aseguraba que este grupo carece incluso de una tabla salarial regulada.
Ante la falta de avances por parte de la Junta de Castilla y León y las instituciones académicas, los sindicatos han lanzado una clara advertencia. Aunque mantienen su voluntad de agotar las vías de diálogo, han anunciado que, si no se alcanza un acuerdo antes del verano, el próximo curso escolar y el otoño comenzarán con movilizaciones muy fuertes.
Finalmente, la representante de CCOO ha enmarcado este conflicto en una preocupación mayor por el deterioro de las instituciones públicas. En este sentido, ha alertado sobre el reciente incremento de universidades privadas en el país, advirtiendo que el debilitamiento de la universidad pública supone un ataque directo al histórico trampolín social que representa la educación superior.
Fotos de David Sañudo
