Desde el año 2023, unos 17,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y nutricional; la mitad de los yemeníes menores de cinco años sufren retraso del crecimiento debido a la crisis alimentaria. La falta de medicamentos ha provocado la mayor epidemia de cólera del siglo.
Carlos Garrido Andújar
Defensor de los derechos humanos
El conflicto yemení comienza a principios de los 90, durante el colapso de la URSS, cuando se intenta realizar la unificación del territorio, divido en Yemen del Norte —habitado por chiítas, el 30 % de la población— y Yemen del Sur —habitado por suníes, el 70 % restante—. Tras una guerra civil y la posterior unificación de territorios, el conflicto resurgió con la intervención de Arabia Saudí e Irán. Los houthíes crearon guerrillas por todo el país, agravando la situación, a la vez que diferentes grupos terroristas como el ISIS comenzaron a ganar poder por algunas regiones del centro del país.
Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Arabia Saudí en 2015, las violaciones de derechos humanos han sido constantes, como el bloqueo marítimo en el golfo de Adén, posteriormente seguido de uno aéreo y terrestre, restringiendo la entrada de alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, lo que ha provocando una crisis de desnutrición masiva. Según el informe de Amnistía Internacional del año 2023, unos 17,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y nutricional; la mitad de los yemeníes menores de cinco años sufren retraso del crecimiento debido a la crisis alimentaria (Médicos Sin Fronteras, 2025). La falta de medicamentos ha provocado la mayor epidemia de cólera del siglo.
A esto se suma que la coalición, con la complicidad de EE. UU., ha bombardeado hospitales, escuelas, funerales, mercados y mezquitas, dejando a su paso miles de víctimas civiles. El Grupo de Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen afirma que podrían constituir crímenes de guerra; los datos recogidos por diferentes organismos humanitarios internacionales reflejan la crueldad y gravedad del conflicto: unos 4,56 millones de desplazados (Amnistía Internacional, 2023); más de 70.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo (Amnistía Internacional, 2023); y unas 377.000 bajas yemeníes (ACNUR, 2021), que para 2025 se estiman en más de medio millón.
En este conflicto, la infancia está siendo la peor parada; más allá de los bombardeos contra civiles y el hambre, UNICEF ha documentado el reclutamiento de miles de niños como combatientes, espías o mensajeros, además de la violencia sexual como sistema tanto de castigo como de control social. Naciones Unidas lo califica como «una de las peores catástrofes de la historia reciente», que se ha desarrollado con la activa complicidad de EE. UU., Francia, Reino Unido, Alemania y también España, países que han sido proveedores de armamento a la coalición de Arabia Saudí. Esta alianza entre las «petrodictaduras» del Golfo y las potencias «democráticas» occidentales es la demostración de una política exterior hipócrita, donde los intereses económicos y geopolíticos pesan más que los derechos humanos.
Frente a todo este panorama de indiferencia institucional, Amnistía Internacional ha documentado, denunciado y exigido que se cumpla el derecho internacional humanitario. En 2022, Amnistía afirmaba: «Cualquier Estado que continúe suministrando armas a las partes del conflicto en Yemen, pese a las abrumadoras pruebas de su uso para cometer violaciones graves del derecho internacional, está actuando con total desprecio por la vida humana y por sus propias obligaciones legales». Pero los gobiernos involucrados han preferido mirar para otro lado: el de sus intereses económicos.
El deber moral de actuar no recae solo en los Estados, sino también en las sociedades que aún creen en la dignidad humana. Yemen no necesita más condolencias ni discursos vacíos; necesita embargos de armas, procesos judiciales, presión diplomática real y memoria histórica. Es urgente recordar que los sucesos de los últimos diez años en Yemen constituyen una auténtica quiebra del derecho internacional de los derechos humanos. Y el problema está lejos de solucionarse.