El sindicato CCOO alerta de la situación crítica en el Centro Penitenciario de Topas, donde solo están cubiertas dos de las nueve plazas médicas. Exigen a la Junta de Castilla y León que asuma las competencias sanitarias para garantizar la seguridad y evitar el colapso.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado de la situación "crítica" que atraviesa la sanidad penitenciaria en España, con especial incidencia en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). Según denuncia la organización sindical, las instalaciones salmantinas sufren una "precariedad brutal" al contar únicamente con dos médicos en activo para cubrir las nueve plazas contempladas en su Relación de Puestos de Trabajo.
Esta grave carencia de personal genera una "sobrecarga asistencial insostenible" y una evidente merma en la calidad del servicio sanitario que se presta a los internos. La situación de Topas es el reflejo de un problema estructural a nivel nacional, donde, según los datos oficiales del Ministerio del Interior aportados por el sindicato, solo están ocupadas 152 de las 507 plazas médicas existentes, lo que supone apenas un 30 % de cobertura frente a las 355 vacantes actuales.
Ante este escenario, CCOO considera urgente que la Junta de Castilla y León asuma las competencias de la sanidad penitenciaria. Esta medida permitiría equiparar las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario de prisiones con las del sistema público de salud, ya que actualmente los médicos penitenciarios perciben salarios inferiores, lo que dificulta enormemente la cobertura de los puestos vacantes.
Sobrecarga en enfermería y falta de psiquiatras
La falta de facultativos está provocando un efecto dominó en el resto de la plantilla. El personal de enfermería se ve obligado a asumir funciones y responsabilidades clínicas que exceden sus competencias, sin que haya existido negociación previa con la Administración para regular esta situación.
Especialmente preocupante para el sindicato es la ausencia de especialistas en salud mental. CCOO advierte que la escasez de psiquiatras impide una adecuada atención de las patologías de la población reclusa y dificulta su detección temprana. Ante la falta de diagnóstico y tratamiento especializado, la intervención se limita frecuentemente al uso de farmacoterapia sin el seguimiento clínico adecuado.
Esta carencia asistencial es un factor determinante en muchas de las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios. Los internos con patologías psiquiátricas no tratadas acaban desarrollando brotes que derivan en episodios violentos y, en muchos casos, terminan siendo clasificados en módulos conflictivos, lo que agrava los problemas de seguridad en el centro.
Finalmente, el sindicato recuerda que el Gobierno central reconoció recientemente en el Congreso de los Diputados una deuda de Instituciones Penitenciarias con la sanidad de Castilla y León de 4,5 millones de euros por la atención prestada a la población reclusa. En los últimos ocho años, el Estado ha abonado 11,5 millones de euros al sistema sanitario autonómico por este concepto, sin que hasta la fecha se haya materializado el traspaso de competencias exigido por los representantes de los trabajadores para garantizar una atención digna y segura.
