El despido improcedente, por su parte, genera una de las mayores confusiones. Aunque en la práctica es muy habitual, su tratamiento fiscal depende de cómo se formalice.
La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y, como cada año, surgen dudas entre los contribuyentes. Una de las más habituales afecta a quienes han perdido su empleo: ¿hay que declarar la indemnización por despido o está exenta de tributación?
La respuesta no es única. Depende del tipo de despido, de la cuantía percibida y de cómo se haya gestionado el proceso. Un error en este punto puede suponer pagar más impuestos de los necesarios… o tener problemas con Hacienda.
En términos generales, la indemnización por despido no tributa en el IRPF. Sin embargo, esta exención no es automática ni ilimitada.
Existen dos límites clave. Por un lado, si el trabajador percibe una cantidad superior a la que legalmente le corresponde, deberá tributar por ese exceso. Por otro, si la indemnización supera los 180.000 euros, también habrá que declarar la parte que exceda ese umbral.
Esto hace que sea fundamental conocer bien cuál es la indemnización correcta en cada caso. No todas son iguales, y aquí entran en juego conceptos como la indemnización por despido improcedente, un aspecto clave que despachos como Javaloyes Legal analizan en detalle para determinar si una indemnización está correctamente calculada y si puede beneficiarse de la exención fiscal.
El tratamiento fiscal cambia en función del tipo de despido. Y ahí es donde surgen la mayoría de errores.
En el despido objetivo, por ejemplo, la indemnización suele estar exenta siempre que no supere los límites legales. Sin embargo, si la empresa mejora voluntariamente la cantidad, hay que analizar si sigue dentro del margen permitido o si parte de ella debe tributar.
En el caso del despido disciplinario, la situación es diferente. En principio, no existe derecho a indemnización. Por eso, cuando finalmente se paga una cantidad, suele ser porque la empresa reconoce la improcedencia tras una reclamación. Este matiz es clave, ya que determina si esa indemnización puede quedar exenta o no.
El despido improcedente, por su parte, genera una de las mayores confusiones. Aunque en la práctica es muy habitual, su tratamiento fiscal depende de cómo se formalice. Un planteamiento incorrecto puede hacer que Hacienda considere que la indemnización debe tributar.
Por ello, contar con asesoramiento de abogados de despidos puede ser determinante no solo para reclamar correctamente, sino también para evitar errores fiscales posteriores.
No todas las indemnizaciones están exentas. Hay situaciones en las que declarar es obligatorio.
Por ejemplo, en los casos de finalización de contrato temporal, la cantidad percibida tributa como rendimiento del trabajo. Lo mismo ocurre con indemnizaciones pactadas en contratos o convenios que no responden a un despido en sentido estricto.
También en los despidos colectivos puede haber matices. Aunque, en general, la indemnización está exenta si no supera los límites del despido improcedente, cualquier exceso deberá incluirse en la declaración.
Más allá del impacto fiscal, la forma en que se gestiona un despido tiene consecuencias directas en la tributación. Una carta mal redactada, un reconocimiento incorrecto o un acuerdo mal planteado pueden cambiar completamente el tratamiento de la indemnización.
Por eso, cada vez es más habitual que los trabajadores no solo se preocupen por la cantidad que van a recibir, sino también por cómo se estructura jurídicamente el despido.
Uno de los fallos más comunes es asumir que cualquier indemnización está libre de impuestos. Nada más lejos de la realidad.
Hacienda analiza cada caso en función de su naturaleza jurídica, no solo de la cantidad. Y en ese análisis, los detalles importan: el tipo de despido, la documentación, el procedimiento seguido.
En definitiva, la indemnización por despido puede estar exenta… pero solo si se cumplen las condiciones. En caso contrario, el impacto en la declaración de la renta puede ser significativo.
Y en un momento ya de por sí delicado para el trabajador, evitar sorpresas fiscales debería ser una prioridad.