El escrito, que reproducimos íntegramente, llega tras la rueda de prensa ofrecida por el Grupo municipal Popular este pasado jueves en referencia al convenio con la Diputación
En el dia de ayer y públicamente, un partido político de Peñaranda de Bracamonte en Salamanca ha vuelto a insistir en la firma de un convenio con la Diputación como solución a los problemas del servicio de extinción de incendios en el municipio. Lo presentan como una decisión sencilla: firmar y garantizar la seguridad. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja... y bastante más preocupante.
Porque lo que se está planteando no es una solución estructural, sino la continuidad de un modelo que ya ha sido cuestionado tanto por la justicia como por el propio Procurador del Común de Castilla y León.
Conviene aclarar algo importante: el Procurador del Común no avala sin matices el modelo actual. https://www.procuradordelcomun.org/resolucion/5921/servicios- de-extincion-de-incendios-y-salvamento-en-el-medio-rural-dotacion-y-medios/53/
Lo que señala es que el sistema existente basado en bomberos profesionales y personal colaborador o voluntario debe evolucionar hacia un modelo plenamente profesional. De hecho, advierte claramente de que la dependencia de voluntarios resulta poco adecuada para un servicio público esencial como es la extinción de incendios, y recomienda reducir progresivamente ese modelo en favor de personal funcionario.
Además, recuerda algo clave desde el punto de vista legal: las funciones propias de los bomberos implican ejercicio de autoridad y deben ser desempeñadas por funcionarios públicos. Esto no es una opinión, es una exigencia jurídica respaldada por normativa autonómica, estatal y por sentencias judiciales.
En este sentido, hay resoluciones judiciales en la Diputación de Salamanca que han sido aún más contundentes. Sentencia 169/2023 del jugado de lo contencioso Administrativo N°1 de Salamanca.
Se ha dejado claro que tareas como rescates, evacuaciones o intervenciones en emergencias no pueden ser realizadas por personal voluntario, sino por bomberos profesionales y agentes de la autoridad. Y se ha llegado incluso a obligar a las administraciones a dotar de personal suficiente para garantizar el cumplimiento de la ley.
Por tanto, presentar el convenio como una solución definitiva es, como mínimo, una simplificación interesada.
Pero hay otro aspecto que conviene no olvidar. La normativa de voluntariado en Castilla y León Ley 8/2006 establece de forma inequívoca que los voluntarios no pueden percibir compensación económica ni desempeñar funciones propias de puestos de trabajo profesionales. Es decir, no pueden sustituir a bomberos. Su papel es de apoyo, siempre bajo la dirección de personal profesional, nunca en solitario.
Y aquí está el verdadero problema en Peñaranda:
Si no hay bomberos profesionales en el parque local, y los efectivos deben desplazarse desde Villares de la Reina, los tiempos de respuesta pueden superar ampliamente lo recomendable. Durante ese intervalo, los voluntarios no pueden intervenir de forma autónoma. El resultado es evidente: un vacío operativo en los primeros minutos de una emergencia, que son precisamente los más críticos.
A esta situación se añade una cuestión relevante en la gestión del servicio provincial.
La dirección del SPEIS se la han impuesto actualmente a un perfil de carácter técnico, sin trayectoria acreditada previa como bombero ni en ningún SPEIS.
Lejos de avanzar hacia el modelo profesional que recomiendan tanto la normativa como las resoluciones existentes, se sigue apostando por fórmulas que mantienen la dependencia de personal no profesional, lo que perpetúa las carencias en lugar de resolverlas.
Por mucho que se insista en que "este modelo ha funcionado durante años", eso no lo convierte en adecuado ni en válido en el contexto actual. Las exigencias han cambiado, la normativa es clara y las resoluciones también.
La seguridad de los vecinos de Peñaranda y su comarca no puede depender de soluciones provisionales ni de interpretaciones interesadas. No se trata de despreciar la labor de los voluntarios o Colaboradores que es valiosa y merece reconocimiento, sino de entender que no pueden ni deben sustituir a un servicio profesional.
La única solución real, legal y duradera pasa por lo que ya se está reclamando en otros puntos de Castilla y León: la creación de un parque de bomberos profesional, con personal funcionario suficiente y presencia permanente.
Todo lo demás son parches.