La magnitud del desafío es sobrecogedora. Se estima que, para el año 2050, las sequías afectarán a más de las tres cuartas partes de la población mundial. Entre 4.800 y 5.700 millones de personas vivirán en áreas con escasez severa al menos un mes al año. Esta crisis no es meramente ambiental; es la faceta más profunda de la devastación ecológica de la Tierra y compromete los cimientos de la paz internacional y la calidad democrática. Cuando el agua entra en el paradigma de la economía globalizada como un recurso extractivo más, se produce una colisión inevitable entre el derecho humano a la vida y la lógica del lucro corporativo.
Carla González Miguel
Defensora de los derechos humanos
A finales del siglo XX, Ismail Serageldin, entonces vicepresidente del Banco Mundial, lanzó una advertencia que hoy resuena con la fuerza de una profecía cumplida: si las guerras del siglo pasado se libraron por el control del petróleo, las del siglo XXI serán por el agua. Lo que en 1995 parecía una distopía lejana se ha transformado en una realidad geopolítica ineludible. En un planeta donde el cambio climático altera drásticamente los ciclos hidrológicos, el agua ha dejado de ser percibida exclusivamente como un bien común para convertirse en un activo estratégico y una mercancía codiciada en los mercados de futuros.
La magnitud del desafío es sobrecogedora. Se estima que, para el año 2050, las sequías afectarán a más de las tres cuartas partes de la población mundial. Entre 4.800 y 5.700 millones de personas vivirán en áreas con escasez severa al menos un mes al año. Esta crisis no es meramente ambiental; es la faceta más profunda de la devastación ecológica de la Tierra y compromete los cimientos de la paz internacional y la calidad democrática. Cuando el agua entra en el paradigma de la economía globalizada como un recurso extractivo más, se produce una colisión inevitable entre el derecho humano a la vida y la lógica del lucro corporativo.
En este escenario global, Chile se presenta como el experimento más extremo de mercantilización hídrica. Es la única nación del mundo que consagra la propiedad privada sobre el agua de forma explícita en su Constitución. Este modelo, diseñado durante la dictadura de Augusto Pinochet y consolidado mediante el Código de Aguas de 1981, estableció una premisa jurídica: la separación legal entre la propiedad de la tierra y los derechos de aprovechamiento de las aguas. Esta fragmentación permitió que el agua se transformara en un bien transable, desvinculado de su ciclo natural y de las comunidades que dependen de ella.
El resultado de cuatro décadas de este modelo neoliberal es una concentración de poder hídrico sin precedentes. Hoy, el 90 % de los derechos de aprovechamiento están en manos de grandes empresas privadas, consorcios internacionales y fondos de inversión extranjeros. Mientras tanto, la población local enfrenta las tarifas de agua potable más altas de América Latina, con miles de hogares en ciudades como Santiago destinando ingresos que superan con creces los umbrales de asequibilidad establecidos por la ONU.
La injusticia del modelo chileno se manifiesta en una jerarquía de uso que prioriza el crecimiento industrial sobre la dignidad humana. El sector agrícola y forestal acapara el 77 % y al saneamiento humano y al consumo doméstico se le reserva apenas un marginal 3 %. Hoy, el 80 % de las cuencas del país y más de un centenar de acuíferos se encuentran en un estado de sobreexplotación crónica, secando el futuro de las próximas generaciones.
Por esto nació MODATIMA, un movimiento que simboliza la lucha por recuperar el agua como un bien común. En el Valle del Elqui, la expansión de proyectos extractivistas amenaza la pervivencia de culturas indígenas ancestrales, demostrando que la privatización no solo roba el recurso, sino también la identidad y la memoria de los pueblos.
«Las guerras del agua» no se libran sólo con ejércitos, sino a través de códigos legales y mercados financieros que despojan a los ciudadanos de su derecho más elemental. El modelo de Chile nos sirve como una advertencia global: cuando el agua se gestiona como un arma o una mercancía, se seca la democracia y se compromete la supervivencia.