El Real Decreto-Ley 7/2026 discrimina a quienes iniciaron o ampliaron su actividad este año al basarse en los consumos de 2025. UPA exige soluciones al Gobierno central o, en su defecto, a la Junta de Castilla y León.
La organización profesional agraria advierte que el Real Decreto-Ley 7/2026 discrimina a los profesionales que se incorporaron al sector tras la PAC de 2025. Los afectados sufren el encarecimiento actual de los costes de producción sin poder acceder a los fondos estatales de compensación.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Salamanca ha alzado la voz este martes contra los criterios de reparto establecidos en las medidas de apoyo al sector agrario motivadas por la guerra de Irán. Según la organización, el sistema actual deja fuera a los perfiles más vulnerables del campo.
El problema radica en la fórmula elegida por la administración para calcular las compensaciones. Al extrapolar directamente los consumos del año 2025 al 2026, se excluye automáticamente a quienes no tramitaron la Política Agraria Común (PAC) en la pasada campaña o apenas registraron gasto de gasóleo por haber iniciado su actividad a finales del año pasado.
Esta misma situación afecta a los agricultores y ganaderos que han incrementado de forma sustancial su explotación durante el presente ejercicio. Al no contar con esa base territorial en 2025, no recibirán ayudas por el incremento actual de los costes de producción, unos fondos que sí percibirán quienes declararon esas tierras en la campaña anterior aunque ya no asuman sus gastos.
El secretario general de UPA Salamanca, Carlos José Sánchez Rodríguez, ha señalado que las consecuencias del conflicto internacional se están sufriendo en el momento presente y no durante el año pasado. Entre los principales incrementos, destaca el encarecimiento del gasóleo agrícola en un 50 %.
A esta subida de los carburantes se suma un incremento desmesurado en el precio de los abonos nitrogenados utilizados para los cereales y regadíos, así como en los abonos de fondo. La organización subraya que estos sobrecostes los están asumiendo ahora los nuevos profesionales sin ningún tipo de respaldo institucional, lo que genera una clara situación de discriminación.
Ante este escenario, UPA se encuentra trabajando para que el Gobierno central modifique los criterios, tenga en cuenta esta situación y ponga en marcha medidas específicas para los jóvenes agricultores y las explotaciones ampliadas.
No obstante, la organización agraria ha lanzado una advertencia a nivel autonómico. Si el Ejecutivo central no soluciona esta deficiencia, UPA exige que sea la Junta de Castilla y León quien contemple las ayudas para estos beneficiarios.
Desde el sindicato agrario insisten en que estos profesionales se encuentran en la situación más delicada, ya que deben hacer frente a las dificultades propias del inicio o ampliación de la actividad, sumadas a la grave crisis de rentabilidad provocada por el contexto bélico internacional.