Todo el mundo quieto

La inagotable afición por el ocultamiento y la mentira en la política de este país; la inveterada costumbre de la clase política española de tomar por menores de edad, o peor, por imbéciles, a los ciudadanos, y el acostumbrado clasismo ejercido en España por instituciones de todo tipo, sociales, académicas, clubes, partidos, parlamentos y en general los colectivos jurídicos y de seguridad, se han nutrido, alimentan y se conservan con la existencia de leyes hechas específicamente para conservar esa superioridad que, dicen, les otorga el derecho de decidir lo que sepamos o conozcamos los “simples mortales”, y el concedernos, o no, el acceso a la verdad de nuestra propia historia.

La reciente “desclasificación” de los “últimos” documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se ha presentado como una especie de graciosa concesión a la curiosidad de la ciudadanía. En su forma, en su escasez, en su obviedad y hasta en su contenido, esa “desclasificación” no ha sido más que otra decepción al derecho a la información de todos nosotros, además de una nueva constatación de la pervivencia de las “líneas rojas” y sus “guardianes”, que siguen impidiéndonos conocer toda la verdad de la historia y de la Historia. La “casual”, y cómica si no fuese indignante, coincidencia línea por línea del contenido de los documentos “desclasificados” con el tedioso relato periodístico, político e institucional que en la llamada Transición se construyó de aquel suceso, sus protagonistas y sus consecuencias, por no hablar de que en esa descarada simulación de transparencia desclasificatoria, en ese supuesto ejercicio de democracia informativa, también “casualmente” ha venido a sustanciarse la enésima operación de babosa lagotería para intentar legitimar (!) la monarquía borbónica y a su exjefe Juan Carlos.

Las leyes franquistas de secretos oficiales, que siguen en vigor en este país, han servido de base para, so capa de la transparencia, justificar esta vergonzosa operación de apuntalamiento del (falso) relato consensuado y vertical, tanto del 23F como de los años de la Transición y sus (ocultas) miserias. Esas leyes serán, dicen, reformadas con otras supuestamente acordes con los principios democráticos. Es de suponer que entonces, cuando entren en vigor esas nuevas leyes, la pacatería demostrada en esta “desclasificación” del 23F, haya sido superada; que el indignante robo del derecho a la verdad que persiste después de la desclasificación, haya desaparecido; y que la insultante magnanimidad de los “dueños del secreto”, haya dado paso a la auténtica transparencia.

Será entonces, es de esperar, cuando sigan “desclasificándose” documentos relacionados con la historia reciente de este país, desde ayer mismo hasta las tinieblas del franquismo y sus nombres, sus culpas y sus rentistas; documentos donde figuren desde los pactos secretos que manosean nuestra vida, hasta la nómina de poderosos, togados, uniformados, coronados o disfrazados pulgones de la democracia y de todos nosotros; y sepamos de sus también románticamente publicitadas “luchas” contra el terrorismo, o por la seguridad, tapaderas económicas, procesos, aceites, presas, corrupción y gravísimos delitos de gestión, poder e influencia, pactos educativos, repartos, frenos al conocimiento, excepciones ocultas, enjuagues académicos, familias, pernadas, favores y nombradías… Que podamos saber de todo eso que durante los últimos cincuenta años casi consigue que llegásemos a creer que sacar a la luz cuatro papelotes, y decir que son importantes, tiene algo que ver con la verdad.