El sindicato CSIF exige buscar alternativas o un reparto proporcional de las salidas
Los delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Majorel Salamanca han reclamado a la dirección de la empresa que reconsidere el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado recientemente. Este proceso afecta a un total de 329 trabajadores en diversas plataformas del grupo en España, pero contempla un impacto particularmente severo en la capital del Tormes, donde se proponen 169 despidos.
Según los datos facilitados por la empresa al inicio del proceso, la distribución de las salidas planteadas sitúa a Salamanca como la plataforma más perjudicada, concentrando más del 50 % del total de la restructuración prevista. El desglose de afectados por ciudades es el siguiente:
Desde CSIF califican este reparto de "socialmente irresponsable", especialmente considerando el contexto del mercado laboral salmantino, marcado por la "escasez de oportunidades laborales estables". El sindicato advierte que la pérdida de estos 169 puestos de trabajo tendría un impacto económico y social "muy grave" en la ciudad, afectando a cientos de familias y al tejido económico local de manera indirecta.
Ante esta situación, los delegados sindicales han solicitado a la empresa que explore alternativas previas a la destrucción de empleo. Entre las propuestas, destacan la captación de nueva carga de trabajo mediante la búsqueda activa de contratos y proyectos que permitan mantener la actividad en la plataforma salmantina.
En el caso de que la empresa mantenga su decisión de ejecutar el ERE, CSIF reclama que los despidos se distribuyan de forma proporcional entre todas las plataformas afectadas, para evitar que Salamanca asuma "de manera desproporcionada" el coste social del ajuste.
El sindicato recuerda que Majorel tiene la obligación legal de negociar de buena fe y justificar las causas alegadas, que se basan en una supuesta disminución de la carga de trabajo y procesos de reorganización interna. CSIF exige que estas razones sean acreditadas con datos objetivos y verificables.
El expediente fue comunicado por la empresa el pasado 10 de febrero. El procedimiento consta de tres fases: una constitutiva de 7 días para formar la mesa negociadora; una fase negociadora de 30 días donde se discuten motivos y condiciones; y una fase ejecutoria de 15 días para comunicar el resultado a la autoridad laboral.