La entidad denuncia la falta de médicos y recursos de salud mental en las cárceles de la región y urge al cumplimiento de la Ley 16/2003 para transferir las competencias.
La Pastoral Penitenciaria de Castilla y León ha lanzado un mensaje contundente dirigido al Ejecutivo autonómico tras analizar la situación actual de los centros penitenciarios de la comunidad. La entidad califica la realidad sanitaria en el interior de las prisiones como "profundamente precaria, estructuralmente injusta y éticamente inaceptable", y exige a la Junta de Castilla y León que asuma de inmediato las competencias en materia de sanidad, una responsabilidad que, según denuncian, acumula 23 años de retraso legal.
Esta reivindicación es el resultado de la Jornada de Formación celebrada el pasado 31 de enero en Dueñas (Palencia), donde se dieron cita los equipos de voluntarios de las diócesis de toda la región, incluyendo las delegaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Desde su experiencia de acompañamiento a las personas privadas de libertad, el colectivo ha manifestado su profunda preocupación por el deterioro de la atención médica.
Según las conclusiones del encuentro, la sanidad penitenciaria se ha convertido en un "subsistema residual", desconectado de la red pública y carente de recursos. La Pastoral denuncia que el número de médicos y personal sanitario en las prisiones de la comunidad "se ha reducido de forma alarmante" en los últimos años. Esta merma de profesionales contrasta con el aumento de la complejidad en las patologías de los reclusos, especialmente aquellas vinculadas a la salud mental, las adicciones y la cronicidad.
El comunicado emitido por la entidad advierte sobre consecuencias graves: "No podemos ignorar, ni normalizar, que se están produciendo muertes en prisión que tienen una relación directa con la falta de asistencia sanitaria adecuada". Señalan que estos fallecimientos, que fuera de los muros serían inadmisibles, parecen diluirse en el "silencio institucional". Asimismo, critican la dependencia excesiva de medidas de contención y medicalización como sustitutos de una atención integral, ante la falta de diagnósticos a tiempo y seguimiento médico.
La base de su reclamación se sustenta en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, del Sistema Nacional de Salud, que obliga a la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud, un paso que ya han dado otras comunidades pero que en Castilla y León sigue pendiente. "La Junta no puede seguir eludiendo su responsabilidad", afirman, recordando que el Estatuto de Autonomía establece la asunción de competencias en sanidad y que las personas privadas de libertad no pierden su derecho a una atención pública de calidad.
Especialmente crítica es la situación de la salud mental. Para la Pastoral, las cárceles se han convertido "de facto" en espacios de contención del sufrimiento psíquico sin los recursos terapéuticos necesarios ni coordinación con la red de salud mental comunitaria. Por todo ello, las delegaciones diocesanas reclaman que la integración en el sistema público no sea un gesto político, sino un "imperativo legal, ético y humano", subrayando que "la dignidad humana no se suspende tras los muros".