El Gobierno, después de dos décadas por lo menos y no sé cuántas leyes de extranjería que empezó a promulgar el expresidente Aznar y que no han servido para nada, ha empezado los trámites para regularizar la situación de 500 000 inmigrantes que residen en nuestro país sin papeles, y los todopoderosos señores de Vox y del PP, como siempre que una medida sea beneficiosa, justa y demandada por los ciudadanos, se ponen en contra, pues lo que pretende Sánchez, porque para ellos no es el presidente, es Sánchez simplemente, es no perder el tren de las próximas elecciones gracias a sus votos.
No es el caso. La ley electoral española no les permite votar ni en elecciones generales ni en elecciones autonómicas. Para esto tienen que haber adquirido la nacionalidad española y llevar diez años viviendo en nuestro país a partir de la regulación.
Sí pueden hacerlo en las municipales, siempre, hay que aclararlo, que lleven con permiso de residencia cinco años como mínimo. Pero tanto Vox como el PP ya han puesto en marcha su máquina de falacias con la vil intención de siempre: captar votantes que les permitan gobernar sin tener que pactar con nadie. Resumiendo: “Cree el ladrón que todos son de su condición”.
Y por las barras de los bares, en las reuniones de amigos y en las comidas familiares, ya circulan frases tan desafortunadas que dejan a los inmigrantes como culpables de todos nuestros males. Vienen a quitarnos el trabajo a los nacionales, y eso no es justo. Nada más lejos de la realidad. Los españoles, antes de hacer los trabajos que hacen ellos, preferimos vivir del paro, de las ayudas y de nuestras familias hasta que nos caiga un trabajo cerca de casa, bien pagado y de pocas horas para disponer de tiempo libre. “Pablo, me decía hace unas semanas una amiga hablando de su hijo, tiene un trabajo tan bueno que no hace nada”.
Perciben prestaciones que se nos niegan a los nacionales, y eso no es justo. Nada más lejos de la realidad. Los extranjeros pueden acceder a las ayudas humanitarias de Cruz Roja, de Cáritas, del Banco de Alimentos y de las ONG sin ánimo de lucro, pero nunca de prestaciones para las que no hayan cotizado, algo imposible si las empresas no pueden contratarlos. Esto no es informar, es desinformar, y en mi humilde opinión causa tanto daño que debería estar penalizado.