Desde mitad del año 2023, Sudán ha sido testigo de una de las guerras más brutales de su historia. El conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha provocado una crisis humanitaria de proporciones devastadoras. Se han documentado crímenes de guerra, limpieza étnica y violencia sexual sistémica. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas, y otros millones más enfrentan una hambruna catastrófica.
Lucía Fondón Valdés
Defensora de los derechos humanos
El conflicto ha estado marcado por ataques indiscriminados y deliberados contra civiles, ejecuciones sumarias y el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Las FAR han sido especialmente acusadas de cometer limpieza étnica en Darfur, atacando a comunidades no árabes, particularmente a los masalit. En la región de El Geneina, miles de personas han sido asesinadas en ataques sistemáticos que se asimilan a los del genocidio de Ruanda en 1994. La violencia sexual ha sido generalizada, con mujeres y niñas sometidas a violaciones y esclavitud sexual, justificando estas atrocidades como «derechos de guerra».
Pero más allá de los actores internos, es crucial analizar el papel de Occidente y de la comunidad internacional en la perpetuación del conflicto. Si bien varios países han impuesto embargos de armas y sanciones, algunas investigaciones revelan que tecnología y armamento fabricados en Europa y Estados Unidos siguen llegando a las partes en conflicto. Por ejemplo, el Sistema de Defensa Galix, de origen francés, ha sido identificado en vehículos utilizados por las FAR, los cuales fueron fabricados en Emiratos Árabes Unidos, lo que pone en evidencia cómo eludir los controles internacionales. Además, ciertos informes han documentado la entrada de armas extranjeras en Sudán a pesar de las sanciones. La cadena de suministro involucra a países como Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos, pero también a empresas occidentales que proveen tecnología y componentes esenciales para la fabricación de armamento.
Sudán no produce la mayoría de las armas y municiones que se utilizan en el conflicto. Gran parte de estos proviene de mercados internacionales a través de intermediarios. Se ha documentado el uso de rifles de asalto Kalashnikov de origen ruso, drones de fabricación china y vehículos blindados con componentes occidentales. El suministro de municiones sigue siendo una de las principales vías de financiamiento para las partes en conflicto. Empresas privadas y redes de tráfico de armas facilitan la llegada de balas y explosivos, a menudo pasando por países que no respetan los embargos internacionales.
Aunque organismos como la ONU han condenado las atrocidades en Sudán, la falta de acción concreta ha permitido que el conflicto continúe. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad sigue paralizado por los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales. La Unión Africana ha intentado mediar, pero con pocos resultados tangibles.
Es urgente que los gobiernos occidentales dejen de ser cómplices indirectos de la guerra en Sudán. Estos mismos deben encargarse de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre la exportación de armas, aplicar sanciones más estrictas y garantizar el acceso humanitario para millones de personas en riesgo.
Por lo tanto, los crímenes contra la humanidad en Sudán no son solo responsabilidad de los actores locales, sino también de una comunidad internacional que ha permitido el flujo de armas y ha priorizado intereses económicos y políticos sobre los derechos humanos. Es momento de actuar con determinación para frenar la masacre y evitar que la historia ocurrida en Darfur se repita en el resto del país.