La Plataforma Stop Biogás de Castellanos de Villiquera mantiene la convocatoria de protesta para este sábado, 24 de enero
La tensión en torno al proyecto de la planta de biometano continúa en aumento. La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera ha emitido un nuevo comunicado en respuesta al Bando Municipal publicado el pasado 19 de enero, reafirmando su intención de continuar con las movilizaciones. El colectivo sostiene que, contrariamente a lo indicado por el equipo de Gobierno, la administración local dispone de herramientas jurídicas y urbanísticas suficientes para condicionar o impedir la instalación.
En el escrito, los vecinos argumentan que la tramitación ambiental en el ámbito autonómico no exime al Consistorio de sus responsabilidades sobre la ordenación del territorio. Según la plataforma, el Ayuntamiento no debe limitarse a un "papel meramente informativo", ya que la regulación del uso del suelo sigue siendo una competencia municipal exclusiva a la que cualquier proyecto industrial debe someterse.
Ante esta situación, la agrupación ha confirmado que mantiene la convocatoria de protesta prevista para el próximo sábado, 24 de enero de 2026, frente a la Casa Consistorial, exigiendo transparencia y una postura clara por parte de los representantes públicos.
El núcleo de la argumentación vecinal reside en la distinción entre la autorización ambiental y la urbanística. Desde la plataforma insisten en que una evaluación ambiental favorable por parte de la Junta de Castilla y León "no legitima el uso del suelo ni sustituye las licencias municipales necesarias".
El comunicado detalla que, al tratarse presumiblemente de suelo rústico, la ley exige una Autorización de Uso Excepcional. Este trámite constituye, según los vecinos, un "filtro esencial" donde el Ayuntamiento tiene capacidad de decisión basándose en criterios como:
La plataforma subraya que el interés general no es un concepto abstracto, sino un principio jurídico que engloba la calidad de vida y la sostenibilidad del entorno. "Si el proyecto entra en conflicto con estos elementos, existen bases legales suficientes para oponerse a su implantación", aseguran en su escrito.
Otro de los puntos de fricción se encuentra en el acceso a la información. El colectivo vecinal ha criticado las charlas informativas organizadas por la empresa promotora, calificándolas de "iniciativas privadas sin valor jurídico". Invocando el Convenio de Aarhus, ratificado por España, recuerdan que la participación pública debe garantizarse en una fase temprana del procedimiento y de manera objetiva.
En este sentido, la plataforma ha solicitado formalmente que se les permita el mismo acceso a los espacios municipales que se ha concedido a la empresa, con el objetivo de poder trasladar a la población su visión sobre los posibles efectos adversos de la planta de forma "equilibrada y transparente".
A pesar de que el Ayuntamiento ha señalado que actualmente no existe ningún procedimiento urbanístico iniciado —ni solicitud de licencia de obras o actividad—, los vecinos consideran que esto no implica que el proyecto no exista, sino que aún no ha llegado a la fase de pronunciamiento formal.
Por todo ello, la plataforma ha llamado a los vecinos a concentrarse este fin de semana para defender sus derechos. Los detalles de la convocatoria son los siguientes: