El racismo institucional que permea las fuerzas de seguridad de ambos países no es un problema aislado ni atribuible exclusivamente a conductas individuales. Se manifiesta como una forma de violencia estructural, arraigada en prácticas históricas de control, discriminación y exclusión, sostenida por la negación sistemática del problema, la opacidad institucional y la falta de mecanismos eficaces de control externo.
Giorgia Rivetta
Defensora de los derechos humanos
En Europa, el racismo institucional de las fuerzas de seguridad sigue siendo una realidad preocupante, profundamente arraigada y, sobretodo, sistemáticamente ignorada. Tanto en España como en Italia, las personas migrantes, afrodescendientes y pertenecientes a minorías étnicas, principalmente, continúan siendo víctimas cotidianas de prácticas discriminatorias, detenciones arbitrarias, violencia policial desproporcionada y una impunidad que afecta directamente al principio mismo de justicia. Esta situación no responde a fallos aislados, sino a dinámicas estructurales que evidencian una falta persistente de voluntad política para implementar cambios reales y sostenibles.
En España, múltiples informes de organizaciones como SOS Racismo, Rights International Spain y CEAR, junto a investigaciones periodísticas de medios como El País y Público, documentan con claridad la existencia de controles policiales basados en criterios raciales. Las personas racializadas (especialmente aquellas de origen africano, latinoamericano o árabe) tienen muchas más probabilidades de ser detenidas en la vía pública, interrogadas y registradas sin motivo objetivo. Esta práctica, conocida como «perfilamiento racial», vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución Española y en tratados internacionales ratificados por el Estado, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El barrio de Lavapiés, en Madrid, se ha convertido en un símbolo de estas dinámicas represivas: numerosos vídeos difundidos en redes sociales muestran a agentes agrediendo a hombres negros desarmados sin que estos episodios generen consecuencias institucionales significativas. La muerte de Elhadji Ndiaye, ciudadano senegalés fallecido bajo custodia policial en Pamplona en 2016, sigue sin esclarecerse a día de hoy. La falta de una investigación independiente, el silencio institucional y la ausencia de justicia y reparación para sus familiares reflejan un sistema que se niega a asumir sus propias responsabilidades y la clara existencia de este problema. Pese a la gravedad de los hechos documentados, las respuestas institucionales han sido limitadas. El gobierno español ha anunciado una futura Ley Integral contra el Racismo, que contempla sanciones económicas de hasta 500.000 euros y medidas penales reforzadas. No obstante, desde la sociedad civil, se alerta de que ninguna legislación será eficaz si no se acompaña de reformas profundas en las prácticas policiales, en la formación de los agentes y en la creación de mecanismos independientes de rendición de cuentas. Otro obstáculo central es la falta de datos desagregados por origen étnico o racial, lo que impide evaluar con precisión el alcance de la discriminación y hace más complicada la formulación de políticas públicas eficaces y basadas en evidencias.
Por otro lado, Italia presenta un escenario igualmente alarmante: en octubre de 2024, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa publicó un informe impactante que denuncia la discriminación racial sistemática por parte de las fuerzas del orden italianas, con especial incidencia sobre personas de origen africano, migrantes del Magreb y miembros de comunidades romaníes. El informe también alerta sobre la persistencia de discursos de odio dentro de las instituciones públicas, así como sobre la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión, prevención y formación antidiscriminatoria. Lejos de asumir estas críticas como una oportunidad para introducir mejoras estructurales, las autoridades italianas han respondido de forma defensiva: la primera ministra Giorgia Meloni consideró el informe como una «injuria» hacia las fuerzas policiales, mientras que el presidente Sergio Mattarella expresó sorpresa ante su contenido, evitando abordar el fondo del problema. Esta reacción institucional refleja un modelo de negación sistemática que refuerza la impunidad y deslegitima el sufrimiento de las víctimas. Numerosos testimonios recogidos por organizaciones como ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras evidencian un patrón extendido de maltratos físicos y psicológicos, humillaciones verbales, destrucción de documentos personales y obstrucción sistemática en los procesos de solicitud de asilo dentro de comisarías italianas y centros de detención para migrantes. Estas prácticas, lejos de ser excepcionales, constituyen una dinámica estructural que reproduce lógicas de exclusión social, violencia simbólica y racismo institucional. Asimismo, un informe de Open Society Foundations indica que más del 50 % de las personas migrantes entrevistadas en centros de detención italianos manifestaron haber sido objeto de trato degradante por parte de las fuerzas del orden. Pese a la gravedad de estas denuncias, en la mayoría de los casos no se abren investigaciones judiciales y las víctimas quedan indefensas ante un sistema que no ofrece garantías reales de acceso a la justicia.
El racismo institucional que permea las fuerzas de seguridad de ambos países no es un problema aislado ni atribuible exclusivamente a conductas individuales. Se manifiesta como una forma de violencia estructural, arraigada en prácticas históricas de control, discriminación y exclusión, sostenida por la negación sistemática del problema, la opacidad institucional y la falta de mecanismos eficaces de control externo. La ausencia de voluntad política para enfrentar estas dinámicas de forma integral convierte a los Estados no solo en cómplices pasivos, sino en actores activos en la perpetuación de la desigualdad. En un contexto europeo en el que los discursos de odio y la xenofobia se normalizan cada vez más en el debate político y mediático, la responsabilidad de los Estados es aún mayor: tanto España como Italia están obligadas por sus compromisos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a garantizar que cualquier intervención policial se base en los principios de legalidad, igualdad y respeto a la dignidad humana.
Hasta que no se reconozca de forma explícita la existencia del racismo estructural en las instituciones, hasta que no se recojan datos verificados y se establezcan mecanismos de control verdaderamente independientes, y hasta que no se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y se exijan responsabilidades a los perpetradores, la igualdad ante la ley seguirá siendo una ficción jurídica. Cada identificación discriminatoria y cada acto de violencia sin castigo, será una prueba incontrastable de que los derechos humanos en Europa no son universales, sino expresamente condicionados por el color de la piel, el origen o la situación administrativa de los individuos.