Carlos Fernández Carriedo critica duramente el modelo de financiación pactado con ERC antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejero defiende que los recursos deben garantizar servicios públicos y no pagar "precios políticos".
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado una contundente valoración previa a su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado en el Ministerio de Hacienda. Carriedo ha centrado su intervención en denunciar el acuerdo de financiación singular para Cataluña, calificándolo como un mecanismo que antepone los intereses políticos a la prestación de servicios esenciales.
Tras conocerse los detalles del pacto a través de declaraciones de dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) como Oriol Junqueras y confirmaciones posteriores del Gobierno central, el representante de Castilla y León ha insistido en dos criterios fundamentales que, a su juicio, se están vulnerando. "El dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles", ha sentenciado Carriedo.
En este sentido, el consejero ha advertido de lo que está en juego en materia de financiación económica: el sostenimiento de pilares básicos del Estado del Bienestar como "la sanidad, la educación o los servicios sociales". Para la Junta, resulta inaceptable que el presidente del Gobierno utilice estos recursos comunes como "instrumento de pago de un precio político para compensar a sus socios separatistas".
El segundo principio defendido por Fernández Carriedo se basa en la multilateralidad de las negociaciones. "Aquello que afecta a todos tiene que ser negociado entre todos", ha argumentado, criticando que el actual modelo se haya gestado de forma bilateral y opaca. El consejero ha reprochado que se haya negociado "con una persona que no es gobierno de una comunidad autónoma", en referencia al liderazgo de ERC, excluyendo al resto de regiones.
Asimismo, ha denunciado la falta de transparencia durante el proceso, señalando que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de noviembre se negó la existencia de documentos, cuando "había ya reuniones previas" entre el Ejecutivo central y los líderes independentistas. Para Carriedo, el resultado es un modelo de financiación que "no está pensado en el interés general de los españoles", sino que es "malo para el conjunto de España y también es malo para Castilla y León".