El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha expresado su "profunda preocupación" ante un posible colapso de los tribunales por el nuevo modelo organizativo de la Justicia. La institución critica también las desigualdades generadas por la 'comarcalización' de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que obliga a las víctimas a realizar largos desplazamientos. Además, el colectivo reclama mejoras urgentes en el turno de oficio, la interoperabilidad de sistemas y una jubilación digna para los mutualistas.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha manifestado su "profunda preocupación" por el atasco judicial que está provocando el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, alertando sobre un posible "colapso en los tribunales". La institución critica además las desigualdades generadas por la reciente 'comarcalización' de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en León y Valladolid, que obliga a las víctimas a recorrer largas distancias.
Al cierre de un ejercicio marcado por una intensa actividad legislativa, especialmente con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, la abogacía de la comunidad ha hecho balance de los retos que afronta el sector. El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, elegido en marzo del pasado año, ha sido el encargado de exponer las principales inquietudes del colectivo profesional.
Uno de los puntos más críticos es la implantación de los tribunales de Instancia, que se instaurarán progresivamente entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026. Este cambio supone la desaparición de los juzgados unipersonales. "Existe una inquietud creciente ante el atasco que ya se está produciendo y el previsible colapso que esta reestructuración puede generar, ya que el nuevo modelo exige una organización de mayor complejidad", apunta Rodríguez Santocildes, quien advierte de "graves consecuencias para los profesionales" por el impacto económico que tendrá la ralentización judicial en los despachos.
La preocupación se extiende a la 'comarcalización' que afecta a las provincias de León y Valladolid desde el pasado 1 de enero. Esta medida centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en las capitales y en Ponferrada. "Esto obliga a las víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración, generando desigualdades en función de dónde residan", señala el presidente. La situación se agrava con la asunción de nuevas competencias por parte de estos órganos, como los delitos contra la libertad sexual, lo que supondrá un notable incremento de la carga de trabajo.
Para mitigar estos problemas, la abogacía apuesta por reforzar las oficinas municipales de Justicia como "verdaderos puntos tecnológicos de atención", dotándolas de medios para garantizar una justicia de proximidad. En este sentido, el CACYL también ha mostrado su disposición a colaborar en la detección de incidencias y en la búsqueda de soluciones, destacando su participación en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia.
Otras reivindicaciones históricas de la profesión incluyen la mejora de la interoperabilidad de los sistemas judiciales entre comunidades autónomas, la exigencia de la pasarela al RETA para los mutualistas para garantizar una jubilación digna y la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dignifique el trabajo del turno de oficio con remuneraciones justas y actualizadas. Finalmente, el colectivo ha denunciado el malestar por la falta de compensación económica en los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) del Turno de Oficio, obligatorios desde abril de 2025, calificando la situación de "radicalmente inadmisible".
Todas estas preocupaciones y propuestas serán abordadas durante la celebración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que tendrá lugar en Zamora en mayo de 2026. La cita se presenta como un "punto de encuentro, debate y definición" para el futuro de la profesión en la comunidad.