La normativa, que entra en vigor el 1 de enero, asegura el funcionamiento de la administración, garantiza el pago de las nóminas del personal público y supedita el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, reunido este martes 30 de diciembre de 2025, ha aprobado el Decreto que regula las normas de gestión presupuestaria aplicables durante el periodo de prórroga de las cuentas autonómicas. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026 y tiene como objetivo principal facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la administración regional.
Con la aprobación de este texto normativo, quedan oficialmente prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, que son los que se encuentran actualmente en vigor. La normativa busca asegurar el funcionamiento ordinario de la Administración y el cumplimiento de los compromisos financieros durante el tiempo que dure esta situación excepcional.
El Decreto aprobado consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. El primer artículo define qué créditos se prorrogan y cuáles quedan excluidos, conforme a lo estipulado en el artículo 107 de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad.
Uno de los puntos clave de la normativa es el control del déficit. El artículo segundo supedita la cuantía de los créditos prorrogados al cumplimiento estricto de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para el ejercicio 2026. En este sentido, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, se reserva la facultad de acordar la no disponibilidad de créditos si fuera necesario para cumplir con dichas metas fiscales.
La regulación establece mecanismos específicos para asegurar los pagos prioritarios. El texto prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la retención de créditos necesarios para garantizar, en todo caso, la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.
Respecto a los fondos vinculados a proyectos específicos, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente, asegurando así la ejecución de programas financiados con fondos externos o específicos.
El tercer artículo del decreto regula el orden de imputación de gastos para mantener el equilibrio financiero, alineándose con la Orden EYH/1125/2025, de 8 de octubre, que regula el cierre del ejercicio 2025 y la apertura del 2026. La disposición adicional aclara que todas las referencias al presupuesto de 2026 contenidas en dicha orden deben entenderse hechas al presupuesto prorrogado de 2024.
La vigencia de estas condiciones comenzará de forma efectiva con el inicio del año natural, el próximo 1 de enero de 2026.