Estados Unidos utiliza la protección temporal de seres humanos como una herramienta con fines políticos. Amnistía Internacional condena que se ignore el principio de derechos humanos de no devolución (non-refoulement), ya que pone en riesgo miles de vidas.
Jefersson Rubén Arias
Defensor de los derechos humanos
La migración ha sido parte del ser humano desde el inicio mismo de su existencia. La necesidad de movernos continuamente buscando mejorar nuestra situación de vida y la de los que más queremos se remonta a miles de años de antigüedad, y hoy no es la excepción. Estados Unidos ha sido uno de los países en el mundo que más migrantes ha recibido, principalmente de los países de América latina y el Caribe, pues como es bien sabido la nación norteamericana es una potencia mundial y para países en vías de desarrollo representa un verdadero «sueño americano».
Las naciones latinoamericanas y caribeñas han atravesado por múltiples dificultades a lo largo de los años, incluyendo conflictos internos y sociales o catástrofes naturales, entre otros, lo que ha provocado un alto flujo de migrantes. Ante esta situación, Estados Unidos decidió, en el año de 1990, aprobar la ley de migración, que incluye el Estatus de Protección Temporal para aquellas personas provenientes de países en los que no existen las condiciones necesarias para tener una vida digna, o que hayan sufrido conflictos armados o catástrofes naturales que dificulten la vida. Miles y miles de latinoamericanos aprovecharon la oportunidad. Sin embargo, bajo la administración del presidente Donald Trump, esto se ha convertido en una herramienta política para presionar a los diferentes países, según los intereses de la Casa Blanca.
Es realmente inaceptable suspender dicha protección ignorando los principios de derechos humanos, como el derecho al asilo, a la no discriminación, a la vida misma de personas que por diversas y graves circunstancias no tuvieron más opción que huir de la nación que los vio nacer; se han reportado muchos casos en países como Honduras o Nicaragua sobre individuos que, al perder su estatus de protección, han sido acorralados y detenidos cruelmente, encerrados en cárceles de máxima seguridad estadounidenses moviéndolos continuamente para así dificultar que sus familiares los encuentren y ayuden. Y finalmente han sido deportados a sus países, donde a muchos los asesinan a pocos días de haber regresado porque salieron huyendo, porque sufrieron amenazas o extorsión. Y es que no habían dejado su país por placer, sino porque las condiciones mismas les llevaron a tomar la difícil decisión de dejar atrás su vida, costumbres y, sobre todo, a sus seres amados.
¿Debido proceso? En la actualidad, para todas aquellas personas que han perdido su estatus de protección en Estados Unidos el debido proceso no existe, no importa si están trabajando, en la iglesia, visitando a sus hijos, yendo de compras a un supermercado, la policía las detiene y las encarcelan sin seguir ningún tipo de proceso judicial; se han dado casos incluso en los que personas venezolanas, por ejemplo, han sido privadas de su libertad y deportados no a su país, sino a El Salvador, por el convenio entre Trump y Bukele: a cambio de dinero, las cárceles salvadoreñas reciben miles de migrantes con la excusa de la espera de resolución de su caso.
Imagínense tener que salir un día de madrugada, huyendo de las calles en las que creció jugando con sus amigos, porque llegó una nota al negocio familiar pidiendo cierta cantidad de dinero bajo amenaza de muerte. Este tipo de situaciones son las que llevan a personas de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela o Colombia, entre tantos países latinoamericanos y caribeños, a buscar nuevas oportunidades. Pues bien, ahora, a pesar de su derecho a la vida y al asilo, son enviadas de nuevo a su país donde tristemente muchos sufren la amenaza por la cual huyeron y pierden no solo las esperanzas sino también la vida.
Amnistía Internacional recuerda que la protección a quien lo necesita no debe ser utilizada como herramienta política por parte de las potencias para que los países más pobres cumplan su voluntad. La protección debe hacer eso, proteger y garantizar la vida a quien lo necesita. Lastimosamente, el gobierno de turno en Estados Unidos se caracteriza por una naturaleza discriminatoria y el desprecio a la vida y a los derechos de muchas personas.