¡Tan expertos que se suponían esos sesudos magistrados del T. Supremo! Pero han resultado ser muy avezados en chapuzas jurídicas. No hay por donde “cogerla” su sentencia contra el Fiscal General García Ortiz.
Es de esos veredictos muy apetecibles para cualquier abogado, especialista, que quiera revocarla, apelándola, porque esta extraña resolución no aguanta el criterio del Tribunal Constitucional y/o el de la UE, o el de cualquiera magistratura “normal”.
Ha habido sospechas continuas al Fiscal desde antes, luego al principio, y durante el juicio, vulnerando su presunción de inocencia.
Como se dice popularmente: esos magistrados “la han cagao”.
No hay fundamentación ni pruebas esenciales condenatorias ni claves técnicas y jurídicas para hacerlo. Los posibles delitos no están debidamente probados y son un dislate jurídico.
Según varios jueces (algunos ex altos cargos del Magistratura y Fiscalía o jueces para Democracia): "no se puede llegar a la conclusión de que hay culpabilidad del fiscal general", por lo que defiende que "lo más razonable hubiera sido la absolución…Es una sentencia bastante objetable jurídicamente, no hay prueba directa".
El voto particular de las magistradas progresistas Ferrer y Polo “argumenta que la condena al Fiscal General del Estado, por prevaricación, constituye una "vulneración a la presunción de inocencia". Así, dicen dichas magistradas, se está cuestionando la base de la sentencia y la forma en que se ha juzgado al fiscal por decisiones relacionadas con su función. ¡Las conclusiones no han sido debidamente probadas!
Sí, ha habido casos similares en España donde funcionarios públicos, incluyendo fiscales, que han sido absueltos o han visto sus casos archivados por falta de pruebas concluyentes o interpretaciones legales diferentes.
Lo curioso y escandaloso de esta infundada sentencia condenatoria contra el fiscal García Ortiz, es que el Supremo se contradice a sí mismo: en 2014 archivó la querella de un militar contra el entonces ministro de Defensa por difundir en una nota de prensa datos reservados sobre él. ¿Por qué se archivó? Porque el contenido de esa nota ya había sido publicado en medios. ¿Quién redactó y quién firmó aquella sentencia? ¡Sorpresa! (o no). Precisamente los magistrados, ahora, contra el fiscal G. Ortiz, fueron del Moral y Manuel Marchena. Y el otro fue el actual presidente del T. Constitucional Conde-Pumpido.
Los fiscales progresistas, afirman, que llevarán ante la ONU, la condena a García Ortiz, por parte del Supremo. Veremos…
Los medios de derechas, y los fiscales y abogados de derechas, dicen que ha sido ¡“una sentencia sólida y fundamentada”! Pues ya estamos con el famoso lawfare: el PP -en la cloaca del poder judicial, policial y político, ayudados por algunos medios comunicación y empresarios.
Según nos cuenta el periodista Ernesto Ekaizer , y se atreve a afirmar del veredicto, que 'tenemos la sentencia Frankenstein', es decir, es un híbrido", ha expresado. Y razona que ante el cambio de opinión de que ahora la nota de prensa sí es delictiva, Ekaizer replica que "como no se ha podido encontrar pruebas de cargo contra García Ortiz por la filtración, dice: 'no, no, no, oye, la nota es delictiva”.
El problema ahora para García Ortiz, al tratarse de una sentencia del Tribunal Supremo, es que "no cabe recurso" clásico. Eso sí, se puede ir al Tribunal Constitucional en un "recurso de amparo", aunque para ello primero se tiene que presentar “un incidente de nulidad ante el propio Supremo". "Eso una especie de suplicación”.
El recurso ante T. Constitucional o al de la UE, solo va a afectar prácticamente a la moral del acusado. Y poco más.
Es una sentencia que huele a lawfare judicial, y no hay porqué acatarla sin más. Ya vale de ´buenismo´ político ante tanto exceso de la judicatura. No se acata y sí se recurre. No somos pacatos ciudadanos. Defendemos la justicia y la ley.
¡Aviso a navegantes, abogados, fiscales y jueces, la lawfare está ya en marcha! Lawfare es el "uso de acciones legales para causar problemas a un oponente", O "el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial".
Nosotros con nuestra postura no dañamos la judicatura. Son ellos, con sus grupitos derechistas de poder, y por falta. De ética, los que tiran piedras contra su propio tejado. Y por retorcimiento ilegal de las pruebas.
Pero deberían dedicarse mejor a perseguir a esos “chorizos” del reino, que se forran de dinero negro, y público, irregularmente, y se dejen de ínfulas de poder.