La justicia no puede ser ciega ante la realidad de las enfermedades mentales ni ante las desigualdades de género. Un caso de Salamanca.
Zoe Martínez Ramón
Defensora de los derechos humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado recientemente a España por mantener durante años en prisión a una mujer absuelta debido a un trastorno mental. Este caso no solo muestra un fallo gravísimo en el sistema judicial español, sino que también pone de manifiesto la falta de humanidad y sensibilidad hacia las personas con enfermedades mentales.
Esta mujer fue arrestada tras incendiar su vivienda en Salamanca mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Los tribunales españoles determinaron que padecía esquizofrenia paranoide y la absolvieron. Sin embargo, en lugar de garantizar su acceso a un tratamiento médico adecuado, se le impuso una medida de seguridad que supuso su internamiento en prisión durante más de cinco años, de marzo de 2018 a noviembre de 2023. Durante ese tiempo, fue trasladada de una cárcel a otra y en ningún momento se evaluó adecuadamente su estado de salud mental ni se consideraron alternativas para su tratamiento. Su situación fue recurrida ante distintas instancias, incluido el Tribunal Constitucional y en ningún momento se planteó modificar su internamiento en prisión. Esto demuestra el desamparo total en el que se encuentran muchas personas dentro del sistema judicial español.
El 6 de febrero de 2025, el TEDH ha condenado a España por violar el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la libertad y la seguridad. La indemnización de 20.000 euros que el Estado español debe pagar no compensa los años que esta mujer pasó privada de libertad de forma injusta
Además, este caso pone en evidencia las barreras adicionales que enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia y ser tratadas con dignidad. La falta de perspectiva de género y de un enfoque más humano en el tratamiento de este caso muestra esta discriminación y abandono por parte de las instituciones.
Este fallo debe ser un llamado de atención para que España reforme su legislación en materia de salud mental y justicia. No se puede aceptar que personas con enfermedades mentales sean tratadas como criminales y encarceladas en lugar de recibir la asistencia médica que necesitan. Y mucho menos que las mujeres más vulnerables acaben siendo doblemente castigadas por el sistema de justicia que les niega atención y garantías.
Es fundamental establecer mecanismos que garanticen una correcta evaluación psiquiátrica de las acusadas y poder establecer medidas que se adapten a su situación, siempre primando la salud y el bienestar de la persona. Además, es imprescindible incrementar la formación de jueces y fiscales en salud mental, así como ampliar los recursos asistenciales fuera del entorno penitenciario.
La justicia no puede ser ciega ante la realidad de las enfermedades mentales ni ante las desigualdades de género. Se debe actuar ya para evitar que las mujeres sigan sufriendo injusticias similares a esta. La justicia debe avanzar hacia un enfoque más humano e inclusivo.