30 de noviembre: contra la pena de muerte. Amnistía Internacional condena rotundamente la pena de muerte en cualquier circunstancia y denuncia un sistema opaco y represivo en China.
Yaser Bedar Sosa
Defensor de los Derechos Humanos
China encabeza la lista de los países con más ejecuciones en el mundo. Aunque las cifras oficiales están clasificadas como secreto de Estado, desde Amnistía Internacional se estima que sean miles. La reciente condena a muerte de once personas en el país asiático ha reavivado la preocupación internacional sobre el uso de la pena capital como herramienta de represión en lugar de justicia. Según el informe anual publicado, al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 2024 en quince países, lo que representa un aumento del 32 % respecto al año anterior. No obstante, estas cifras no incluyen a China, Corea del Norte ni Vietnam, ya que en estos países los datos no son públicos. AI advierte que el número real podría ser mucho mayor.
La última oleada de condenas en China, once personas sentenciadas a muerte en un solo caso, ha reactivado las críticas por la falta de garantías procesales en el país. Aunque el Código Penal chino permite la pena capital para delitos graves como asesinato o narcotráfico, Amnistía denuncia que se aplica con frecuencia en casos de corrupción o delitos políticos como «subversión contra el Estado». Los juicios, en muchos casos, se celebran sin acceso a una defensa efectiva, con confesiones obtenidas bajo coacción y sin un proceso de apelación transparente. La opacidad en torno a estos procesos, sumada al control estatal de los medios y la censura en internet, impide que la sociedad civil o los observadores internacionales puedan monitorear la legalidad y equidad de los juicios.
La condena a muerte de estas personas vuelve a poner en entredicho el compromiso de China con los derechos humanos. El silencio del gobierno ante las críticas internacionales y la falta de voluntad para reformar su sistema judicial alejan al país del consenso global. Amnistía denuncia estas condenas completamente ya que se opone a la pena de muerte en cualquiera de sus formas, motivos o condiciones. La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo a la pena capital. La Tercera Comisión de la Asamblea General aprobó en noviembre de 2024 una resolución pidiendo una nueva moratoria, con 131 votos a favor, reflejando un creciente consenso global acerca de la abolición de la pena de muerte. Ya en 2020, el organismo realizó un llamado a todos los países para una moratoria de la pena de muerte, que fue ignorado por China, para quien su sistema judicial es «una forma eficaz de mantener el orden social».
En la actualidad 113 países han eliminado la pena de muerte de su legislación para todos los delitos, y 145 no la aplican en la práctica; sin embargo, otras naciones como China, Irán, Arabia Saudí e Irak siguen apostando por este castigo extremo. Según los datos de AI, aunque el 91 % de todas las ejecuciones documentadas en 2024 tuvieron lugar en estos tres últimos países, se cree que China supera por sí misma esa cifra. Irán ejecutó al menos a 972 personas, Arabia Saudí a 345 e Irak a 63, pero los números en el país asiático podrían duplicar o triplicar esas cifras.
Aplicar la pena de muerte implica privar a una persona de su derecho fundamental a la vida, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contradice el derecho de toda persona a no ser sometida a castigos que sean crueles, inhumanos o degradantes, la ejecución es el acto final ya que no permite corrección en caso de equivocación, siempre existe el riesgo de aplicar la pena capital a personas inocentes. Desde 1976, en Estados Unidos, 150 personas condenadas a muerte han sido exoneradas, y en ciertos casos, la absolución llegó después de su ejecución. Otro de los argumentos frecuentes en favor de la pena de muerte es su supuesto efecto disuasorio sobre el crimen. Sin embargo, este argumento ha sido refutado en múltiples ocasiones. No existe evidencia que demuestre que sea más efectiva que una pena de prisión para disminuir los niveles de delincuencia, además, se aplica de forma discriminatoria ya que afecta en mayor medida a minorías o grupos desfavorecidos debido a las desigualdades en los sistemas de justicia.
Desde Amnistía Internacional se exige nuevamente a las autoridades chinas que impongan una moratoria inmediata sobre la pena capital, como primer paso hacia su abolición definitiva. También que los países que aún la aplican detengan de inmediato las ejecuciones, y que los que han abandonado ya las ejecuciones eliminen definitivamente la pena de muerte de su legislación y que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión.