CCOO en la prisión de Topas denuncia que Instituciones Penitenciarias niega la sobreocupación del centro, que supera los 1.200 internos, y se basa en una capacidad teórica de 1.678 plazas para sugerir reducción de plantilla. El sindicato afirma que el personal trabaja "al límite" y exige refuerzos.
El conflicto laboral en la prisión salmantina se agudiza tras la última respuesta oficial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). La Sección Sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Topas ha calificado este martes de "insuficiente y desconcertante" la contestación de la Administración a la queja formal presentada el pasado 13 de octubre, en la que se alertaba del deterioro de las condiciones de trabajo y el exceso de población reclusa.
Según los datos facilitados por el sindicato, el centro ha alcanzado recientemente cifras próximas y, en ocasiones, superiores a los 1.200 internos. Para los representantes de los trabajadores, este volumen de población reclusa es "inédito en los últimos años" y tiene una repercusión directa en la carga de trabajo que soportan los departamentos de vigilancia, oficinas y servicios sanitarios.
Sin embargo, la visión desde Madrid difiere radicalmente de la expuesta por la plantilla. La SGIP sostiene que las instalaciones "no están sobreocupadas" y defiende la adecuación de los recursos humanos actuales a las necesidades del servicio.
El punto de mayor fricción reside en el cálculo de la capacidad del recinto. En su respuesta oficial, la Administración afirma que el Centro Penitenciario de Topas permite albergar hasta 1.678 internos. Basándose en esta cifra teórica, la SGIP argumenta que, por criterios de proporcionalidad, la plantilla adscrita debería incluso "reducirse".
Desde CCOO consideran esta afirmación "inaceptable" y aseguran que demuestra una desconexión profunda con el día a día de la prisión. El sindicato argumenta que esa capacidad teórica de casi 1.700 plazas no se corresponde con la distribución real ni con la disponibilidad actual de módulos. Recuerdan, además, que el establecimiento fue concebido originalmente para una capacidad operativa de 1.008 internos, cifra que se supera ampliamente en la actualidad.
La respuesta de la Secretaría General también ha causado malestar al afirmar que el centro dispone de "adecuado personal funcionario" y que áreas críticas como vigilancia o sanidad "sobrepasan la RPT" (Relación de Puestos de Trabajo).
Frente a esta postura oficial, el sindicato describe un escenario de módulos saturados, acumulación de tareas y una notable ausencia de refuerzos reales. Según denuncia la organización, el clima laboral sufre un "deterioro creciente" que se hace patente en las reuniones internas y comités, donde la plantilla ha trasladado reiteradamente que se trabaja "al límite" de las capacidades.
Ante lo que consideran un intento de "maquillar la realidad" por parte de la Administración penitenciaria, CCOO ha planteado una batería de tres exigencias fundamentales para reconducir la situación en el centro salmantino:
La organización sindical ha advertido que continuará denunciando públicamente cualquier situación de riesgo, señalando que la respuesta recibida no solo no aporta soluciones, sino que "certifica la desconexión creciente entre los despachos y la realidad penitenciaria".