Hace unas fechas llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico con una encuesta en adjunto. El organismo en cuestión quería saber si estaba de acuerdo o no con que en la Constitución se hubiera cambiado el término minusválido por el de discapacitado. Pues no tuve que pensar mucho: ni sí, ni no, por tres razones que intentaré resumir.
Primera: Estos inconvenientes, se nazca con ellos, sean sobrevenidos por causas naturales o se produzcan de manera accidental, ya tienen nombre, es decir: que alguien no oye bien, pues es sordo, que no tiene piernas, pues es cojo, que no ve, pues es ciego. De hecho, el 13 de diciembre de 1938, cuando Franco, gracias a un pequeño grupo de ciegos que decidió coger el toro por los cuernos para salir de la miseria de una vez, firmó el Decreto que dio lugar a la creación de la ONCE, no la llamó Organización Nacional de Discapacitados, ni de Minusválidos, ni de Inútiles, que habría sido lo normal a tenor de sus luces, la llamó de Ciegos porque por aquellos días ni él tenía tiempo para analizar un proyecto que juzgó condenado al fracaso ni los españoles tenían ganas de entrar en estos absurdos detalles que hoy tanto nos complican la vida.
Segunda: Tener que vivir con las consecuencias de una enfermedad o de un accidente no implica ausencia de capacidad ni mucho menos. Pero como esto la sociedad no parece tenerlo meridianamente claro, más nos valdría que empezáramos a fijarnos en nuestros políticos, hombres y mujeres muy “completos” ellos, y aunque en democracia cualquier ciudadano podría llegar a ser presidente, lo normal es que solo lleguen los bien hechos aparentemente al menos, los guapos, los bien parecidos, los que vienen de familias bien acomodadas, los que se educaron en colegios de renombre, los muy educados, los muy redichos, los que pasaron por la universidad, los que tienen muchos títulos, muchos bienes, muchos amigos, pero no tienen capacidad para gobernar y en su incapacidad lo resuelven insultando, acusando, mintiendo, robando y lo que es peor: tergiversando las cosas para que los ciudadanos, a medida de sus posibilidades, sigan su ejemplo, con lo que consiguen que nuestras empresas, nuestros servicios, entidades e instituciones funcionen cada día peor. Estoy segura de que si tuvieran que examinarse para llegar a sus cargos, como tienen que examinarse los que antes eran minusválidos y ahora son discapacitados para acceder a un trabajo, el número de suspensos superaría con creces al de aprobados.
Y tercera: Tanta vergüenza me producía que el término minusválido figurara en nuestra Constitución como ahora me produce que figure el de discapacitado porque ambos se resumen en una frase: etiquetar a las personas, y las etiquetas solo sirven para minimizar, humillar, discriminar y, en muchos casos, destruirlas. Por lo tanto como la encuesta solo me permite decir sí o decir no porque viene sin espacio para escribir lo que me sobra experiencia para darlo por cierto lo mejor es que dé la callada por respuesta y con mi aplauso por su “titánico” trabajo para conseguir el cambio que no cuenten.