La jornada técnica ha tenido lugar en Soria y es efectiva para toda la Comunidad de Castilla y León en localidades de menos de 5.000 habitantes.
La Junta de Castilla y León ha celebrado hoy en Soria la jornada técnica “Retirada de materiales con amianto: el papel de los ayuntamientos y entidades locales”, un encuentro dirigido a responsables políticos y técnicos municipales para impulsar la identificación y eliminación segura de este material en la Comunidad. La sesión, organizada por la Oficina Territorial de Trabajo, está orientada a municipios de menos de 5.000 habitantes y tendrá alcance autonómico.
El acto ha sido inaugurado por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, acompañado por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio. Ambos subrayaron la importancia de que las entidades locales avancen en el censo de instalaciones con amianto y en la planificación de su retirada, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.
Barrios explicó que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo está impulsando diversas medidas para facilitar el cumplimiento de la normativa tanto a los municipios del medio rural como a las pequeñas y medianas empresas. En colaboración con las diputaciones provinciales, la Junta promoverá la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto en localidades de menos de 5.000 habitantes. Este registro permitirá priorizar la retirada según el nivel de riesgo, con el objetivo de eliminar los materiales más peligrosos antes de 2028.
La Junta mantendrá además el programa de ayudas dirigido a las pymes para la retirada y sustitución de cubiertas con amianto en centros de trabajo. Estas subvenciones, enmarcadas en las políticas autonómicas de prevención de riesgos laborales, persiguen un doble propósito: reducir el riesgo de caídas en altura y eliminar la exposición a fibras de amianto, asociadas a enfermedades respiratorias profesionales y procesos cancerígenos.
Hasta la fecha, este programa ha permitido actuar en 592 empresas de Castilla y León, con una inversión acumulada de más de 11 millones de euros, destinada a la retirada de más de 400.000 metros cuadrados de este material. Las ayudas cubren hasta el 85% del coste de la retirada —con un máximo de 30.000 euros por centro de trabajo— y el 50% de los gastos de instalación de las nuevas cubiertas, con un límite de 20.000 euros.