La confusión de un alto porcentaje de la población española entre qué es lo público ( el bien público, el interés público, los servicios públicos, las obras públicas, etc.etc.) y lo privado ( nuestra casa, nuestras relaciones de familia y de amistad, nuestras posesiones, nuestros proyectos, nuestros documentos personales.etc.) sigue existiendo en este enloquecido siglo XXI, desde un origen remoto que es muy difícil de concretar.
Pues ni en la enseñanza general básica, ni en la secundaria, ni en la mayor parte de las enseñanzas universitarias, ha existido nunca una formación clara y sólida sobre la diferencia esencial y necesaria entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. El español medio ignora que sin estas fronteras bien limitadas, ni las leyes ni las relaciones entre los ciudadanos pueden funcionar con rigor y eficacia. Solamente con darnos un paseo por una ciudad española cualquiera, podemos observar a simple vista, esta confusión entre lo público y lo privado. Por ejemplo, usted, estimado lector, se habrá encontrado más de una vez que yendo tranquilamente por una acera de cualquier calle,( espacio público habitual) de repente se corta y tiene usted que abandonarla y pasar a la zona de tránsito de coches, porque, por ejemplo, un vecino ha tomado la decisión de pintar su puerta de entrada, o sus ventanas y ha conseguido que el ayuntamiento le dé un permiso de obras para interrumpir la cera. O entra usted en un parque público, siguiendo su paseo, y se encuentra con dos o tres conductores que, “despistados”, han ido a ver a una tía carnal que vive en un piso adjunto al parque. O el dueño del bar de la esquina, siguiendo la moda, quiere poner una terraza con diez mesas y consigue, también, que el ayuntamiento le dé permiso para “robar”(¡!) espacio de la acera o de la calle peatonal al público.
En los últimos años aumentan las veces en las que un edificio público (como por ejemplo la Mezquita de Córdoba) pasa a unas manos privadas (como lo son las de la Iglesia). Y también aumenta la frecuencia y la cantidad de dinero público que pasa, sin transacción legal alguna, de dinero público a privado. A este hecho siempre se le ha llamado robo, pero ahora parece que la palabra robo suena muy fuerte, sobre toda porque estaba asociada al verbo restituir lo robado, y se va cambiando por expresiones menos precisas, como “irregularidades financieras”, “paraísos fiscales”, comisiones negociadas, etc.
Con esta confusión entre lo público y lo privado una democracia no puede funcionar, aunque se duplicara el número de jueces, de policías, y de funcionarios de la Hacienda Pública. Pues, por definición, la democracia es el gobierno de la mayoría elegida. Por este motivo un gobierno de un grupito de multimillonarios nunca puede ser una democracia, pues… “en teoría puede llegar a comprar todas las riquezas del planeta Tierra”.