Un modelo que prioriza la autonomía y la inserción laboral, logrando que la mayoría consiga la independencia económica antes de agotar los 18 meses de ayuda, tal y como explica Montse Hernández, responsable del programa de atención a inmigrantes y refugiados de Cruz Roja en Salamanca
La gestión de la acogida para solicitantes de protección internacional en la capital del Tormes ha optado por un camino diferenciado. Frente a los grandes dispositivos, el programa especializado de Cruz Roja Salamanca gestiona actualmente una red de viviendas integradas en la comunidad donde conviven 17 unidades familiares. A estas personas se les ofrece un itinerario integral que abarca desde el blindaje jurídico de sus expedientes de asilo hasta la búsqueda de empleo, pasando por la enseñanza intensiva del idioma.
Desde que este programa específico, coordinado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arrancó en 2016, la entidad ha atendido a más de 500 personas. La responsable del programa de atención a inmigrantes y refugiados de Cruz Roja en Salamanca, Montse Hernández, defiende la eficacia de este sistema: "Hemos optado por un modelo normalizado, no queremos trabajar en centros". A su juicio, para la realidad local, la dispersión en pisos es "mucho más cercana al objetivo de integración".
A diferencia del programa general de atención a inmigrantes, que atiende a un volumen mucho mayor de usuarios con intervenciones puntuales, el proyecto de asilo realiza una "intervención de alta intensidad". Al trabajar con un número acotado de plazas, el equipo técnico llega a conocer aspectos profundos de las vidas de los refugiados, generando un vínculo que suele perdurar años después de que las familias abandonen los pisos.
Lo que comenzó hace una década con un solo piso es hoy una estructura estable de nueve viviendas destinadas a protección internacional con capacidad para 46 plazas. Actualmente, la ocupación es de 42 personas, pero las plazas libres responden a una gestión basada en la dignidad y no en la pura estadística.
Hernández ha revelado que algunas plazas se bloquean intencionadamente por motivos humanitarios: "Hemos tenido un fallecimiento en una de las viviendas y, por respetar el duelo de la familia, hemos bloqueado esa plaza unos meses", explica. Asimismo, se reservan espacios ante el inminente nacimiento de dos bebés, adaptando el recurso a las necesidades vitales de los usuarios.
Sin embargo, la llegada a estos pisos no es una elección, sino una asignación administrativa. El sistema funciona con una rotación inmediata: cuando queda una plaza libre en Salamanca, se comunica al Ministerio y en apenas dos o tres días ya está ocupada de nuevo. Los solicitantes de asilo no eligen su destino; pueden ser derivados a cualquier punto de la geografía española según la disponibilidad, y Cruz Roja facilita su traslado hasta Salamanca, independientemente de su idioma o nivel formativo.
El perfil de las personas acogidas en este servicio ha cambiado drásticamente. Si bien tradicionalmente predominaba el origen latinoamericano, actualmente el 50 % de los usuarios procede de países de habla no hispana. En los pisos de Cruz Roja conviven hoy personas de Venezuela, Colombia y Perú junto a ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Senegal, Mali, Somalia y Mauritania.
Detrás de cada expediente hay historias de extrema dureza. Según detalla la responsable, las causas de huida van más allá de los conflictos bélicos. "Vemos desde violencia de género expresada en matrimonios forzados o mutilación genital femenina, hasta persecución por ideología política o creencias religiosas", señala Hernández.
Actualmente, el programa atiende a 17 unidades familiares, de las cuales 15 tienen menores a cargo. La casuística es muy diversa: desde una joven colombiana a punto de dar a luz y familias monoparentales, hasta parejas con varios hijos que intentan empezar de cero en la ciudad.
Conseguir el estatus de refugiado es un proceso complejo donde "solo alrededor del 10 % de las solicitudes obtienen una resolución favorable", según los datos aportados por la entidad. Por ello, el trabajo técnico es vital para sustentar los relatos de las víctimas ante la administración.
En los casos donde existen indicios de violencia grave, el equipo jurídico y psicológico activa herramientas como el Protocolo de Estambul, un manual internacional para documentar la tortura. "Es un informe pericial muy exhaustivo, a veces con apoyo forense, porque la violencia física deja huella y se puede certificar médicamente para defender que existe un caso de asilo verdadero", explica Hernández.
La estancia en los pisos está condicionada a la solicitud de asilo. Si la resolución del Ministerio llega y es desfavorable —algo que ocurre estadísticamente en la mayoría de los expedientes—, los usuarios deben abandonar el dispositivo de acogida. Por este motivo, la prioridad absoluta de los técnicos es acelerar su autonomía económica para que, independientemente de la decisión administrativa futura sobre su estatus legal, puedan sostenerse por sí mismos.
Para superar la barrera del idioma, fundamental para la mitad de los usuarios, el programa imparte casi 250 horas de clase al mes. Esta labor se sostiene gracias a un amplio equipo de voluntariado, en el que destacan profesionales de la enseñanza ya jubilados que "encuentran en la entidad una manera de canalizar su vocación docente".
El programa tiene una duración máxima de 18 meses, pero la realidad es muy positiva: casi nadie agota ese tiempo. La eficacia del itinerario de inserción es tal que, en los últimos dos años, la gran mayoría de los usuarios abandona el recurso antes del plazo límite. No lo hacen por obligación, sino porque han conseguido superar el nivel de ingresos económicos estipulado gracias a su inserción laboral, logrando la independencia financiera necesaria.
Sin embargo, la salida exitosa del programa se topa con un obstáculo externo: el mercado del alquiler. "El freno nos lo está poniendo la dificultad de acceso a la vivienda", lamenta Montse Hernández.
A pesar de que los refugiados encuentran trabajo y disponen de nómina para pagar, los propietarios exigen una antigüedad laboral imposible de cumplir para quien acaba de llegar. Esta barrera obliga a los técnicos a adelantar la búsqueda de piso casi desde el inicio de la intervención.
Pese a las dificultades, el vínculo permanece. Desde Cruz Roja aseguran que, tras la salida de los pisos, mantienen el contacto con muchas de las familias. "Se genera un vínculo importante; no solo vienen cuando tienen problemas, sino también para saludarnos y contarnos cómo les va la vida", concluye la responsable.