Desde la reinstauración de la democracia en España, allá por junio de 1977, nunca habíamos visto una erosión de una institución fundamental del Estado democrático como la que observamos en el Poder Judicial. Menos mal que nos quedan las togas limpias frente a las que se empeñaron en rebozarse con el barro del camino, en la mayoría de los casos por puros intereses personales y sin altura de miras alguna. (El Debate, 14 de noviembre)
El problema es que el presidente que no ganó las elecciones nunca le regaló el cargo al Fiscal General del estado, para decir después: “¿De quién depende la Fiscalía?… "Pues eso”. Más claro, agua. Lo inadmisible es que la Fiscalía la elija y dependa del gobierno de turno, cuando solo debería depender del Poder Judicial. Todo esto tiene un origen, que es la Constitución española, aquella que se hizo a prisa e intentando contentar a todos, incluida la nefasta y antidemocrática ley electoral. Por esto hemos llegado a la inadmisible situación actual
García Ortiz, que forma más estúpida ha tenido de arruinar su vida, sea lo que sea a partir de ahora, aunque salga indemne por mor del politiquéo, aunque no vaya a la cárcel, aunque fuera el hombre más poderoso del mundo, tenga presente que siempre se va a encontrar con una persona que le mire con desprecio.
Algunos detalles del juicio:
¿Qué pinta una abogada del Estado comunicándose al oído con la Fiscalía? ¿Qué pinta el acusado Fiscal General haciendo gestos contra los que declaran y miradas de apercibimiento a los magistrados del TS?
La degradación del Poder Judicial en ESPAÑA, ha mostrado cómo la corrupción y el servilismo ponen en riesgo sus cimientos. La imagen de un fiscal general sentado en el banquillo ilustra un colapso moral que no solo afecta a las instituciones, sino a todos los ciudadanos que confiamos en la igualdad ante la ley. Aun así, subsiste un hilo de esperanza: las “togas limpias” representan la equidad y equilibrio en la evaluación de los hechos, porque la justicia no debe distinguir entre personas y cargos.
El problema político que tenemos es muchísimo más profundo y el Estado de derecho, lamentablemente, continuará estando en peligro, más allá de si la sentencia puede calificarse de plebiscito o no. Básicamente, lo importante no será el sentido o el contenido de la misma, sino el relato que se haga de ella. España lleva muchos años en manos de una clase política que ha traicionado el voto de la ciudadanía. Una felonía que se produjo, con el advenimiento de la democracia, el electorado se tragó “el sapo” de que la clase política la constituían personas que iban a velar por el interés general de la población y por el bien común. ¡Craso error! Ese batracio estaba envenenado, vendieron que todo se haría a través de unos partidos políticos escrupulosamente democráticos, que velarían por ejercer la representación real y leal a quienes los habían elegido como sus legítimos representantes públicos. Con el transcurrir del tiempo, aquello que se nos presentaba hermoso resultó una entelequia. Urge apartar democráticamente a Pedro Sánchez y a sus fanáticos advenedizos: sólo buscan sus intereses particulares y el usufructo del poder. Y después del sanchismo veremos lo que se puede hacer porque hay mucho que barrer, recolocar, purificar y principalmente muchos ojos para vigilar, quizá los 28000 de la libélula aún no sean suficientes. Lo veremos.