Si Mazón consigue resistir año y medio más sin que el PP le deje caer, se asegurará 15 años de consejero en el Consultivo, cobrando 87.000 euros, con coche oficial y secretario. Quizá sea su razón para no dimitir.
Mucho se ha hablado de si Carlos Mazón debería dimitir como presidente autonómico tras su desastrosa gestión (o “no gestión”) de la DANA que se llevó la vida de más de dos centenares de valencianos hace un año, a finales de octubre de 2024, regando de dolor a la sociedad valenciana, con heridas abiertas en las familias de las víctimas que difícilmente podrán cerrarse, más bien sobrellevarse.
Desde entonces han sido numerosas las voces que han pedido a Mazón que deje la presidencia de la Comunidad Valenciana, si bien este ha persistido aferrado al cargo, aguantando carros y carretas, con constantes muestras de desprecio trasladadas por numerosos valencianos, que ni olvidan ni perdonan que cuando más tuvo que estar ahí para gestionar, no estuvo.
Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿Por qué se empeña Carlos Mazón en seguir en su cargo de presidente valenciano ante las constantes y humillantes muestras de rechazo que recibe en los diferentes actos a los que acude? Porque realmente cuesta entender el empeño en someterse a un escarnio público de manera constante.
Pero, ciertamente, habría una poderosa razón para que Mazón esté decidiendo aferrarse al cargo, como es la de no perder el derecho a ser miembro del Consejo Jurídico Consultivo valenciano (Consell Jurídic Consultiu) para los próximos 15 años que le otorgaría completar la legislatura.
Y es que, actualmente el artículo 4.1 de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana, señala que “Los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana serán miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana durante un plazo de quince años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un período igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, serán miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años.”
Una redacción de dicho artículo de la Ley que, dicho sea de paso, no era tal originalmente, sino que obedece a la reforma que se hizo de su artículo 4 unos meses después de aprobarse, modificándose a través del artículo 92 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
De este modo, con la redacción actual de dicha Ley 6/2002 valenciana, de completar la legislatura sin dimitir (ya que ahí está la clave: “cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un período igual o superior a una legislatura completa”) Carlos Mazón tendrá derecho a ser miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana durante los próximos 15 años. Es decir, que podrá resolver su jubilación, ya que cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas valencianas contará con 53 años y eso le permitiría llegar a la jubilación en dicho cargo, por otro lado bien remunerado y, con ello, con una jugosa pensión de jubilación.
En este aspecto, Mazón tendría derecho como consejero nato de dicho Consejo Consultivo valenciano, además de a una retribución de unos 87.000 euros anuales, a tener coche oficial y secretario/a, como ya sucedió en 2011 cuando Francisco Camps dejó de ser presidente valenciano y se incorporó al Consultivo, habiéndose mantenido en dicho Consejo hasta mediados de 2021, cuando lo abandonó voluntariamente para incorporarse a un despacho de abogados.
Sin embargo, de no agotar la legislatura, Mazón solo tendría derecho mediante dicha Ley 6/2002 valenciana a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo de su comunidad “por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años”, lo que le dejaría lejos de ver solucionado su futuro personal hasta la edad de jubilación.
Unos hechos que ayudarían también a entender que el Partido Popular (PP) no esté forzando la salida de Mazón, con quien presumiblemente habría llegado a una especie de pacto amistoso que se mantendría hasta la fecha, mediante el cual permitirían a Mazón agotar la legislatura y posteriormente sería otra persona la candidata por el PP a las autonómicas de 2027, que llegaría ‘limpia’ en su imagen respecto a la desastrosa gestión de la DANA, conscientes de que Mazón sería un lastre como candidato en dichas elecciones.
Y es que, por mucho que Feijóo diga que el Partido Popular no puede obligar a Mazón a dimitir como presidente autonómico, lo cierto es que el propio PP podría presentar una moción de censura en las Cortes valencianas proponiendo un candidato alternativo a la presidencia, para lo que estaría habilitado en base al artículo 28 del Estatuto valenciano, siempre y cuando firmasen la presentación de la moción de censura al menos 20 de los 40 diputados que tienen en el parlamento valenciano. Opción que los populares no han querido llevar a cabo hasta ahora, prefiriendo mantener a Mazón.
En todo caso, el pacto de salida en diferido, que presumiblemente habrían acordado Mazón y el PP, se mantendría siempre y cuando la situación judicial no haga más insostenible la continuidad del actual presidente valenciano, ya que si los populares se ven en una situación totalmente límite acabarían por dinamitar ese supuesto acuerdo, lo que llevaría a adelantar el nombramiento de un sustituto para Mazón, para lo que ya se estarían barajando nombres por si hace falta dar ese paso con urgencia.
En este aspecto, suena actualmente como posible candidato popular a la Generalitat valenciana arropado desde el aparato central el actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, si bien desde el PP tendrán que gestionar la intención que ya ha mostrado Francisco Camps de querer volver a ser candidato a las autonómicas en la Comunidad Valenciana. Otra patata caliente para los populares valencianos, para los que el gran quebradero de cabeza, no obstante, sigue siendo cómo justificar la permanencia de Mazón en la presidencia durante el próximo año y medio.
En todo caso, a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión de Carlos Mazón hechas por las víctimas de la DANA y gran parte de la sociedad valenciana (como ha podido verse de forma recurrente en las multitudinarias manifestaciones en Valencia con miles de personas reclamando dicha dimisión), si Mazón consigue resistir año y medio más sin que el PP le deje caer, se asegurará 15 años de consejero en el Consultivo valenciano, a razón de más de 87.000 euros anuales, coche oficial y secretario. Quizá esa sea la verdadera razón para seguir aferrándose al puestín.