Una sanidad pública rota por las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP

Las políticas publicas de sanidad, educación y servicios sociales están sufriendo los ataques más furibundos desde la implantación del Estado de Derecho en España.

Recordemos que nuestra Carta Magna, a la que tanto apelan ciertos sectores sociales y políticos de este país, establece claramente que España es un Estado Social y Democrático de Derecho. Los redactores de la Carta Magna hicieron especial hincapié en la consideración de Estado Social y no Estado Liberal, con las evidentes consideraciones jurídicas y sociales que esto tiene. Es decir, el Estado tiene el deber de intervenir en los procesos económicos para corregir los desequilibrios y hay ciertas políticas que son y deben seguir siendo públicas. Aparte del reconocimiento de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos los ciudadanos –entre los que se encuentra el derecho a una educación pública y de calidad para todos-, el Título I –uno de los más importantes del texto constitucional- establece cuáles son los principios rectores de la política social y económica, en la que se habla, entre otras cosas, de la redistribución de la renta, del régimen PUBLICO de la Seguridad Social “para todos los ciudadanos”, de la protección de la salud, del derecho a la vivienda digna de todos los españoles, de las pensiones dignas, adecuadas y públicas para la tercera edad, además de un sistema de servicios sociales que atenderán los problemas específicos de “salud, vivienda, cultura y ocio”. Y todo ello debe garantizarse con un sistema tributario justo “inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, como establece el artículo 31 de la CE.

Pues bien, a pesar de todas estas previsiones constitucionales, con la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de la gestión de políticas públicas tan sensibles como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, hay un riesgo evidente de la privatización de estas políticas públicas; algo que se viene denunciando desde hace años. Las Comunidades Autónomas gestionadas por la derecha extrema del PP y la extrema derecha de VOX, se vanaglorian de acometer rebajas fiscales, que son un caramelo envenenado, una trampa en la que cae la mayoría de la población, cuando lo que realmente supone es una rebaja pírrica en la carga tributaria de los sectores menos favorecidos de la sociedad, de las clases medias y más humiles y una rebaja cuantiosa para los económicamente más poderosos.

Estas rebajas fiscales provocan una disminución de ingresos públicos y, como consecuencia de ello, las políticas públicas –que, no olvidemos, se financian con los impuestos de todos los ciudadanos- se van deteriorando progresivamente. Si hay un deterioro progresivo de estas políticas públicas, los más perjudicados serán siempre los sectores económicamente más débiles y las clases medias, que, no olvidemos, somos el porcentaje ampliamente mayoritario de la sociedad española. De tal suerte que los económicamente más poderosos podrán acudir a la sanidad privada, a la educación privada y a los servicios sociales privados y lo harán “sin despeinarse”. En cambio, ¿quién dispone económicamente de decenas de miles de euros –incluso cientos de miles- para costearse complicadas intervenciones quirúrgicas, sobre todo de enfermedades graves? ¿un enfermo de cáncer económicamente no poderoso, puede costearse libremente todos los tratamientos que exigen sus dolencias?

Lo mismo ocurre con la política de vivienda que interesa a la derecha extrema del PP y la extrema derecha de VOX. Quieren que no haya intervención pública en el mercado de la vivienda para que haya una mayor especulación y los precios, tanto de alquileres como de venta sean escandalosos, precios al que no pueden hacer frente la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes. Hay que recordar que a los más poderosos –sobre todo los que cuentan con varios pisos que ponen en circulación para el alquiler- les interesan rentas elevadísimas y que el Estado no les intervenga, no les imponga tributos o estos sean testimoniales.

Por tanto, en un Estado Social y Democrático de Derecho, el Estado y las administraciones territoriales deben intervenir el mercado de la vivienda para hacerla más asequible y que se cumpla lo establecido en el artículo 47 de la CE, es decir, el derecho de todos a una vivienda digna, regulando el precio de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Se cumple este artículo? NO. Y, en cambio, los políticos que más lo incumplen, como Ayuso y compañía, son los que se definen como mayores defensores de la Carta Magna. ¡Pura hipocresía!. Lo único que les importa egoístamente son sus intereses privados olvidándose del interés general. De ahí que no se entienda demasiado que políticos de este calibre sean masivamente apoyados en las urnas. ¡INCOMPRENSIBLE!

Por otro lado, si no existen esas políticas públicas, ¿una persona que dignamente ha trabajado 35, 40 o más años y que en la actualidad tiene una pensión más o menos digna, podría vivir sin una pensión de jubilación o con una pensión ridícula, como está ocurriendo en algunos países donde las políticas ultra liberales se están implementando de forma letal, como en la Argentina de Milei o en la USA de Trump?. Recordemos que a esto es a lo que aspiran algunos políticos en España. Sobre todo los más ultramontanos como Ayuso –que está implantando esas políticas económicas en Madrid- Abascal, Mazón y últimamente Moreno Bonilla en Andalucía. En la actualidad, nos estamos informando de los graves problemas sanitarios que ha habido desde hace varios años con los cribados de cáncer de mama. Hay miles y miles de mujeres andaluzas afectadas, porque el Servicio Andaluz de Salud no ha actuado correctamente en la prevención, dejando en el abandono más absoluto a la población andaluza, a la que no se le ha garantizado el derecho que todos tenemos a una sanidad pública de calidad. Presuntamente, incluso, se han manipulado datos de pruebas diagnósticas para intentar ocultar la patética realidad de la asistencia sanitaria pública.

Estos datos de la precariedad del Servicio Andaluz de Salud coinciden cronológicamente con la propaganda electoralista –muy peligrosa- de bajadas de impuestos. Unos días antes de que se conocieran los graves problemas de los cribados de cáncer de mama, Moreno Bonilla anunció a “bombo y platillo” la enésima rebaja de impuestos. ¿A quién benefician esas rebajas? Indudablemente a los más ricos; al resto -donde se encuentra la inmensa mayoría de la población- no les suponen apenas unos eurillos de rebaja y, en cambio, el perjuicio que tendrá la población será elevadísima. Si la administración tiene menos recursos, menos ingresos, no podrá contar con una educación, una sanidad, unos servicios sociales y unas pensiones públicas y de calidad. Esto a los más ricos les da igual porque ya cuentan ellos con recursos económicos para acudir a la sanidad privada y porque podrán pagar las decenas de miles de euros que cuestan los tratamientos médicos adecuados para las enfermedades más graves.

En consecuencia, los ciudadanos debemos concienciarnos de que debemos pagar impuestos y que defraudar a la Hacienda Pública es una de las conductas más graves en un Estado Social y Democrático de Derecho. De lo contrario, si no contribuimos debidamente, si el Estado y el resto de administraciones territoriales rebajan impuestos –cantidades pírricas para las clases más humildes y medias- no habrá políticas públicas de educación, de sanidad y de servicios sociales y llegaremos a la edad de jubilación y no tendremos las pensiones dignas que nos merecemos. A los más poderosos les interesa esto menos, porque ellos ya tienen recursos económicos para financiarse unos servicios privados.