Resulta de una hipocresía política rampante que Feijóo, máximo responsable del PP esté sistemáticamente pidiendo la dimisión del presidente Pedro Sánchez y miembros del Gobierno, mientras dirigentes territoriales de su partido han cometido las mayores tropelías de gestión y no han presentado su dimisión ni Feijóo se las ha pedido, por presuntas responsabilidades de gestión política e incluso penales en la gestión de las muertes de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la Covid-19, en la de la gestión de la catástrofe de la DANA en Valencia, en la gestión sanitaria de de detección de cánceres de mama en Andalucía y Valencia o en la de prevención y extinción de incendios este pasado verano en Galicia, Castilla y León o Extremadura.
Cuando Feijóo ha manifestado que le causa “estupor” escuchar que el presidente Pedro Sánchez dice que el Gobierno español es uno de los más “decentes de Europa”, he sentido vergüenza ajena, al comprobar que este señor está más solo, arrinconado y –aunque no lo reconozcan públicamente aún- cuestionado más que nunca en su propia formación política. Además, no tiene la gallardía de reconocer que varios de sus líderes territoriales que gobiernan Comunidades Autónomas, han cometido y cometen las mayores tropelías e incluso ilícitos penales –a los que luego aludiré-, aunque su “zorrería política rampante” le impide ver la realidad. Por ello, nunca quiere que le hagan entrevistas en medios de comunicación que cuentan con periodistas comprometidos, responsables e íntegros, que le cazan en sus sistemáticas mentiras, como ocurrió con Silvia Intxaurrondo, de TVE, quién tuvo la valentía de poner “contra las cuerdas” al señor Feijóo en una entrevista al decirle que los gobiernos del PP, presididos por M. Rajoy, no incrementaron las pensiones conforme al IPC, a pesar del argumento falso y manipulador que quería colar en la entrevista del líder del PP. Feijóo conoce muy bien su propia debilidad y sabe que si quiere imponerse y enmendar a miembros del sector más ultra del PP, como Ayuso, le ocurrirá lo mismo que a Pablo Casado, es decir, será expulsado de la dirección del PP.
Está muy claro que a Feijóo le interesa acusar despiadadamente al Gobierno, a sabiendas de que la economía del país va muy bien; España está creciendo tres veces más que la media de los países de la Zona Euro, con un PIB que ha sido superior al 3%, frente al 1,1 % de la Unión Europea; el empleo y los cotizantes a la Seguridad Social están en máximos históricos, el consumo se dispara y se han batido records en la firma de hipotecas para adquisición de viviendas. Feijóo es consciente de esto e ignora interesadamente también los graves problemas que se han producido en las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, que destriparé adecuadamente en las siguientes líneas y que no son exclusivamente debidos a una gestión inadecuada, sino que, también, se pueden haber cometido ilícitos penales, dado que los responsables de las administraciones territoriales correspondientes pueden haber omitido el deber objetivo de cuidado en ciertas catástrofes de pandemia (Covid-19), naturales (DANA) y provocadas (incendios), además de desatender la sanidad pública, en las que, al tener una posición de garante y no haber actuado diligentemente, se han producido muertes que pueden ser imputables a título de imprudencia, porque si se hubiera actuado con la diligencia debida se hubieran evitado muchas de esas muertes. Feijóo está, por tanto, mareando la perdiz todo lo que puede para eludir una responsabilidad que es muy grave y cuyos responsables pueden ser los mandatarios territoriales de estas Comunidades Autónomas.
Y voy a desgranar cada una de esas vicisitudes, que son letales y que si Feijóo fuera un político sensato y coherente exigiría la dimisión de los dirigentes de esas Comunidades Autónomas. En primer lugar, hay que resaltar que en 2020, en plena “primera ola” de la pandemia de la Covid-19, 7291 ancianos ingresados en residencias tuteladas por la Comunidad de Madrid, murieron debido a que no fueron derivados a hospitales de la Comunidad. Probablemente la mayoría de ellos hubiera muerto igual –eso es lo que dijo Ayuso en su día-, pero no es lo mismo que fallezcan en el hospital en el que se aplican fármacos paliativos para que no hubieran sufrido, que fallecer en las residencias, sin la atención médica necesaria, a la que tenían derecho, a la que tenemos derecho todos los ciudadanos en un Estado Social y Democrático de Derecho en el que las políticas públicas de sanidad se gestionen adecuadamente. Si esos ancianos debieron ser sacados a los hospitales y no se hizo, las muertes que habrían podido evitarse con los ingresos hospitalarios que no se evitaron, serían imputables como homicidios imprudentes a las autoridades responsables de la Comunidad de Madrid que debieron ordenar el traslado a esos hospitales, porque así se lo pedían los sanitarios de turno. Ayuso era ya entonces la máxima responsable de la Comunidad de Madrid.
En segundo lugar, el 29 de octubre de 2024 se produjo una terrible DANA en Valencia, que se detectó adecuadamente por los responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y por la Delegación del Gobierno en la Comunidad. Las referidas autoridades avisaron con antelación suficiente a los responsables de Protección Civil de la Generalitat valenciana (competente estatutariamente en asuntos de Protección Civil y, por tanto, de promover y arbitrar las medidas preventivas adecuadas y gestionar la catástrofe), pero las autoridades autonómicas –comenzando por el presidente, Carlos Mazón, que estuvo 4 largas horas disfrutando de una plácida comida con una periodista valenciana, incorporándose a la comitiva del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa integrado) cuando ya había decenas de muertos- no hicieron nada y, como consecuencia de esa inacción se desbordaron barrancos y rieras inundando locales y viviendas y provocando la muerte de cerca de 230 personas. Y ante ello, Feijóo -como actúa siempre- quiere hacer responsable de la pésima y lamentable gestión de la Generalitat valenciana –que es la competente- al Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, Feijóo por aquéllas fechas mintió como un bellaco, puesto que para salvar al incompetente presidente de la Generalitat valenciana, llegó a decir que estaba informado puntualmente y en tiempo real por Mazón desde el día 28 de octubre. Miente Feijóo descaradamente ya que la primera comunicación entre Feijóo y Mazón se produjo la noche del 29 de octubre cuando ya había centenares de muertos, por lo que Feijóo también podría ser hipotéticamente penalmente responsable como partícipe; en este caso, como cómplice.
En tercer lugar, recientemente se ha conocido que hay miles de mujeres en Andalucía que hace bastante tiempo les hicieron ecografías y mamografías para detectar cáncer de mama y que pasados varios años las pacientes han conocido que estaban enfermas de cáncer o que eran mujeres a las que había que hacerles pruebas complementarias ante la duda de existencia de tumores malignos. A estas miles de pacientes no las informaron adecuadamente sobre los resultados. Algunas de ellas han fallecido ya y otras muchas tienen la enfermedad en un estadio más avanzado, con el evidente riesgo que conlleva para la vida y la salud de las pacientes. Muertes y lesiones graves que podrían imputarse, a título de imprudencia, a las autoridades de la Junta de Andalucía, que preside el líder del PP, Moreno Bonilla y que debieron actuar en su momento y no lo hicieron.
En cuarto lugar, también se están conociendo casos de negligencias en el diagnóstico de cáncer de mama de miles de mujeres en la Comunidad Valenciana, presidida por el incombustible Carlos Mazón y en Extremadura, Comunidad presidida por María Guardiola, también del PP.
En quinto lugar, durante el pasado verano se produjeron graves incendios forestales en varias Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, que no fueron prevenidos en su día con una gestión forestal adecuada, ni sofocados debidamente por la escasez de medios personales y materiales de extinción de incendios, siendo imputable esta omisión a las autoridades autonómicas, ya que, como sabemos, la gestión de los incendios forestales también es competencia de las Comunidades Autónomas, provocándose graves daños, incluso personales con fallecimiento de varias personas, que pueden ser imputables, también a título de imprudencia, a los responsables autonómicos del PP en Galicia, Castilla y león y Extremadura.
Con todo este desaguisado de graves responsabilidades de mandatarios y autoridades autonómicas del PP, ¿cómo tiene Feijóo la desfachatez de desviar la atención de la opinión pública pidiendo ceses y dimisiones en el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando ni Ayuso, ni Mazón, ni Moreno Bonilla, ni María Guardiola ni Fernández Mañueco han dimitido por su pésima gestión de las respectivas catástrofes producidas en sus Comunidades Autónomas? ¡VERGONZOSO!
Con todos estos acontecimientos y una gestión política impregnada de rabia, odio, resentimiento de Feijóo y de sus mandatarios autonómicos, es normal que la derecha extrema del PP esté agonizando en las encuestas; antesala de una catarsis parecida a la provocada hace 3 años y que terminó con la decapitación de Pablo Casado.