La derogación por la Asamblea de Extremadura de la ley autonómica de Memoria Democrática, es una aberración jurídica y ética que pisotea los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y una hipoteca que Vox ha impuesto al PP en una Comunidad Autónoma en que su presidenta, María Guardiola, siempre dijo que no la derogaría aunque se lo pidiera Vox. Pero el PP ha claudicado, no sólo en Extremadura, sino en todos los territorios donde depende de Vox para realizar su gestión política, gobernar y legislar.
A mediados de agosto de 1936, en la ciudad de Badajoz se produjo la masacre de ciudadanos más cruenta de la Guerra Civil española. La cifra de muertos subió de los 4.000, fusilados indiscriminadamente en la vieja plaza de toros de la ciudad, lo que supuso eliminar de un plumazo al 10 % de la población de la ciudad del Guadiana. La elevada intensidad del ataque fue producto de las proclamas de los generales fascistas Mola y Yagüe, que apelaban a una violencia extrema para exterminar a la población civil leal a la Segunda Republica Española. Extremadura, en general, fue una de las regiones españolas más atacadas por el ejército rebelde franquista en la Guerra Civil y posteriormente en la dictadura franquista. Y lo fue porque en Extremadura había muchos campesinos muy pobres que se habían beneficiado de la redistribución de la tierra -propiedad de los grandes terratenientes-, impulsada por la reforma agraria de la República. Las funestas arengas de Mola eran incendiarias: “Es necesario propagar una atmósfera de terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo aquél que no piense como nosotros. La acción ha de ser en extremo, violenta”. En la actualidad, muchos de los ciudadanos asesinados por los rebeldes franquistas, siguen, por desgracia, sepultados en indignas fosas comunes, sin que sus familiares hayan tenido la oportunidad de localizar sus cuerpos.
Con la finalidad de dignificar la memoria de las víctimas de aquél ignominioso periodo de la historia de España, los gobiernos democráticos de Zapatero, en 2007 y de Pedro Sánchez, en 2022, aprobaron la legislación estatal sobre Memoria Histórica –la primera-, reformándola y ampliando el catálogo de derechos de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra y de la dictadura franquista, con la de Memoria Democrática –la segunda-. Esta normativa estatal se ha completado con disposiciones legislativas autonómicas sobre la misma materia que, en mayor o menor medida, reconocían derechos a las víctimas, los recordaban y dignificaban, como se merecen.
Pues bien, así las cosas, varias Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha extrema del PP y la extrema derecha de VOX, han ido derogando las leyes autonómicas respectivas de Memoria Histórica y sustituyéndolas por leyes de Concordia que parten de una premisa histórica equivocada, no real y manipulada intencionadamente, al considerar que el golpe de Estado no fue la causa inmediata de la Guerra Civil, sino que lo fue el periodo democrático y republicano que se vivió en España desde el 14 de abril de 1931 hasta el levantamiento militar que acabó, por la fuerza de las botas y no con el imperio de los votos, con aquélla etapa constitucional, democrática y republicana. Comenzaron derogándolas Aragón, Valencia y Cantabria y hace unos días Extremadura, que ha derogado la aprobada en su día por el fallecido ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. En el texto aprobado, no se habla en ningún momento de la “dictadura franquista”, imponiendo muchas tramas a las exhumaciones, en una comunidad donde se estima que desaparecieron unas 14.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo. Se incluye también a las víctimas del terrorismo, a pesar de que Extremadura cuenta ya con una ley para ello. Por su parte, con este texto ya no se impartirá la enseñanza de la memoria histórica en las aulas y las asociaciones memorialistas de familiares de la represión ya no tendrán representación en la comisión técnica de “Concordia” que se va a crear. Esta ley de Concordia elimina la consideración como víctimas a los que sufrieron persecución o violencia por razones de género, identidad u orientación sexual. Tampoco se perseguirá la apología del franquismo y no existe obligación de retirar símbolos que exalten la sublevación militar o a personas protagonistas de la misma.
Con esta legislación autonómica se vulneran escandalosamente los principios inspiradores y el espíritu de la normativa estatal de Memoria Democrática inspirada en los Convenios y Tratados Internacionales sobre la materia, mezclando las cosas para confundir deliberadamente a la ciudadanía, equiparando a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista con sus verdugos y, en definitiva, blanqueando la barbarie del franquismo.
En el caso concreto de Extremadura, parece que su presidenta no estaba por la labor de seguir a VOX y ha manifestado públicamente de manera reiterada que, en ningún caso iba a derogar la normativa sobre Memoria Histórica autonómica y que no impediría la ejecución en la región de las prescripciones previstas en la normativa estatal. Pero el PP, a nivel nacional y regional está siendo doblegado por los intereses de la extrema derecha y Feijóo está endureciendo escandalosa y desesperadamente su discurso, en el que predominan las hipérboles, los mensajes falsos y distorsionados, el lenguaje soberbio, maleducado, viperino y repugnante, mezclados con una miseria moral indescriptible y la impotencia que sienten, porque, por muchas falsedades, acusaciones infundadas al presidente del Gobierno y sus familiares y otros miembros del Ejecutivo y por mucho apoyo que tengan de sus aduladores mediáticos, no consiguen liderar las encuestas electorales, sino todo lo contrario, están siendo absorbidos por la extrema derecha, lo que les obliga a decir estupideces y maldades hasta rayar el esperpento.
Es indignante escuchar a Feijóo afirmar, de una manera categórica, que el presidente Pedro Sánchez ha vivido de la “prostitución”, ¡Increíble!. ¡Qué poca elegancia!, ¡qué grosería!, ¡qué indecencia acusar de esa manera porque el suegro del presidente –por cierto, fallecido hace años- tuvo en su día negocios, absolutamente legales, de salas de masajes y de saunas! ¿Qué diría el señor Feijóo -y debido a la gran amistad que ha tenido con el narcotraficante Marcial Dorado, condenado a varios años de prisión- si alguien –cómo lo hace él con Pedro Sánchez- afirmara con rotundidad en los medios de comunicación que Feijóo ha vivido del “narcotráfico”?
Pero no sólo Feijóo está muy nervioso, inquieto y preocupado porque el PP no va a gobernar España en un futuro inmediato y difícilmente será inquilino de la Moncloa, sino que también otros miembros del PP, como Ayuso, envían mensajes incoherentes, irracionales y carentes de toda lógica política, haciéndolo, además, con improperios e insultos. Cuando fue preguntada Ayuso en la Asamblea de Madrid por la obligación de enviar listado de médicos objetores para practicar abortos –algo que es obligatorio, según la ley-, contestó con un exabrupto, diciendo que no va a cumplir con ese mandato y que las mujeres que quieran abortar que se vayan a hacerlo fuera de Madrid. Con estos exabruptos, con esta irracionalidad política, con estas incoherencias, ¿podemos los ciudadanos confiar en un gobierno presidido por Feijóo en el que tenga de ministros, por ejemplo, a Ayuso, Abascal, Tellado, Moreno Bonilla, Alvise o Mazón? ¡Que Dios nos coja confesados!