Representante de Acaip-UGT en el centro penitenciario, habla sobre una realidad "sistemáticamente ignorada": la escalada de violencia contra los funcionarios -una agresión cada 16 horas-, plantillas bajo mínimos y un "buenismo incomprensible" con los presos más peligrosos, a lo que hay que unir un hacinamiento con 1.162 internos que agrava los problemas
Una agresión a un funcionario de prisiones cada 16 horas. Este es el dato, demoledor y alarmante, que resume la situación límite que se vive en los centros penitenciarios de España. Lejos de ser una estadística abstracta, esta cifra se traduce en rostros desfigurados, carreras truncadas y un riesgo normalizado que impregna los pasillos de cárceles como la de Topas, en Salamanca. Allí, Francisco José Manso, representante de Acaip-UGT y funcionario con casi cuatro décadas de servicio a sus espaldas -una treintena de años en la prisión salmantina-, alza la voz para denunciar una realidad sistemáticamente ignorada.
“Somos el patito feo del Ministerio del Interior”, sentencia con una mezcla de resignación y hartazgo. Manso lamenta que, mientras la sociedad aplaude a la Policía y la Guardia Civil por detener a un criminal, se olvida de quienes lo custodian durante años. En ese olvido, los funcionarios asumen roles que desbordan sus funciones: “Tenemos que hacer hasta de psicólogos por la cantidad de gente con problemas mentales que tenemos”.
La situación en la prisión salmantina ha alcanzado un punto crítico en los últimos meses. Desde agosto, el centro ha registrado una serie de ataques de extrema gravedad que evidencian el peligro diario al que se enfrenta la plantilla; han sido tres agresiones físicas graves y una agresión sexual a una trabajadora.
"La primera, un interno le mete un puñetazo en la cara a un funcionario, le rompe la cara y le rompe las gafas", relata Manso. Poco después, una compañera fue pateada y golpeada" delante del resto de internos" por intentar que dos reclusos compartieran celda.
Y "la gota que ha colmado el vaso fue "el brutal ataque" a un jefe de servicio: “Una interna le mete un puñetazo y le desfigura la nariz, o sea, es que se la destroza, literalmente”, explica. Una presa peligrosa con antecedentes de agresiones en otras prisiones, que llegó al centro salmantino clasificada como segundo grado y no como primero, denuncia.
Detrás de esta violencia se esconde un problema estructural: una alarmante falta de personal. En Topas, la relación de puestos de trabajo (RPT) es “clarísimamente insuficiente”, afirma el representante de Acaip-UGT. La imagen es desoladora: en módulos conflictivos que albergan entre 110 y 120 internos, solo entran dos funcionarios. “¿Qué podemos hacer dos funcionarios ante 120 internos? Ya me contarás”, se pregunta retóricamente.
Manso ilustra esta precariedad con un ejemplo gráfico: mientras un preso peligroso es trasladado al juzgado por "20 o 30 policías parapetados", ese mismo interno es custodiado dentro de la prisión por "dos o tres funcionarios como mucho" sin ningún tipo de protección.
El déficit se agrava por una plantilla “envejecidísima”. Actualmente, 140 trabajadores se encuentran en segunda actividad, un puesto sin contacto directo con los reclusos al que acceden tras 35 años de servicio. Sin embargo, siguen contando en la RPT oficial, maquillando una carencia de personal de vigilancia aún mayor. A esto se suma una oleada de jubilaciones inminente: “de aquí a final de año se van a jubilar en torno a los 30 funcionarios y funcionarias”.
La solución, aunque pueda sonar a “burrada”, es clara para el representante sindical: haría falta, como mínimo, el doble de personal para garantizar la seguridad. “Con dos funcionarios por módulo no hacemos prácticamente nada”, asevera.
Las carencias se extienden a otras áreas. El servicio médico es un ejemplo paradigmático del abandono. De los 10 médicos que contempla la RPT, en la actualidad solo hay tres, y uno de ellos de baja de larga duración. “Vamos tirando con dos y telemedicina”, lamenta Manso, subrayando que los incidentes graves, como peleas o autolesiones, no entienden de horarios.
Con 1.162 internos registrados este pasado jueves (la cifra es cambiante), la masificación es otro de los grandes problemas estructurales de Topas. . “Es imposible tener una celda individual. A día de hoy, en Topas casi todo el mundo comparte celda, lo que nos genera un montón de problemas”, afirma Manso.
Este hacinamiento es el caldo de cultivo para una violencia constante que va más allá de las agresiones a los trabajadores. Manso revela una realidad interna desoladora: “Las agresiones entre ellos, te podría decir que, prácticamente, a diario hay, como mínimo, un par de ellas”. A esto se suma un alarmante número de autolesiones como método de coacción o protesta: “Multitud de incidencias, tragarse pilas o cortarse las venas como medida intimidatoria o para conseguir algo que ellos quieren; lo hacen a diario”.
Además de los ataques físicos, los funcionarios soportan una presión psicológica constante a través de las amenazas verbales. Frases como “cuando salga ya te cogeré” o “sé dónde vives y te voy a matar” son, según el representante sindical, parte del día a día; agresiones que no dejan marca física pero que minan la moral y aumentan la sensación de desprotección.
Manso apunta directamente a una “política de buenismo incomprensible” por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Denuncia que, para "maquillar estadísticas" y evitar que aumente el número de presos en régimen cerrado, se evita aplicar el primer grado a internos peligrosos y conflictivos.
El caso de la interna que destrozó la nariz al jefe de servicios es, según Manso, el ejemplo paradigmático de esta política. “Nos interesa mucho que quede claro que la clasificación de esta interna no corresponde a este centro”, subraya. Explica que la reclusa fue trasladada a Topas ya clasificada en segundo grado por la Secretaría General, a pesar de que tenían pleno conocimiento de su peligrosidad, “ya tenía antecedentes de agresión hace escasamente un mes o mes y medio en otros centros de donde venía”. La decisión de no aplicarle el primer grado, insiste, fue una decisión externa que puso en riesgo al personal de la prisión salmantina.
Otro de los grandes problemas estructurales que denuncia Manso es la inadecuación del sistema de clasificación actual a la realidad de las prisiones españolas. Con unos 270 internos musulmanes solo en Topas, una situación que se repite en todo el país, la multiculturalidad es un factor que el régimen penitenciario ignora.
“Nos llegan internos con otras costumbres, otros valores, y de otros países que igual no se adaptan tanto a la sociedad española y al régimen penitenciario de aquí”, explica. Por ello, considera urgente “acometer una clasificación en los centros diferente a la actual”, que tenga en cuenta esta diversidad para mejorar la convivencia y la gestión de los centros.
Este desamparo se extiende al protocolo de actuación frente a agresiones (PAFA). Manso critica que la calificación de los incidentes es “ridícula”, poniendo como ejemplo que un intento de apuñalamiento con un pincho casero, si no llega a impactar, se considera leve. “Si te da, sí, ya puede pasar a ser grave o muy grave, pero claro, si te da, igual estás muerto”, ironiza.
Además, denuncia que el protocolo actual no contempla un apoyo jurídico ni psicológico real para la víctima. “Te agreden, entras dentro de una estadística y punto. Funciona como mera estadística, a día de hoy”, lamenta. No obstante, añade una nota de cautela: “Ahora por fin lo están reformando, vamos a ver en qué queda”.
Una de las reclamaciones históricas de los funcionarios de los centros penitenciarios es su reconocimiento como agentes de la autoridad, una medida que, según defiende Manso, no supondría un coste económico para el Estado pero sí un importante efecto disuasorio. “Lo que no es entendible, con todos los respetos, es que un profesor sea agente de la autoridad, que un médico lo sea, y que nosotros, que custodiamos a gente que no está adaptada a convivir en la sociedad, estemos ahí tirados y nos puedan agredir sin que tenga mayores consecuencias”, argumenta Manso. La propuesta llegó a tener el respaldo de 300 diputados en el Congreso, pero quedó paralizada y olvidada en un cajón.
A los problemas crónicos se suman nuevas amenazas como la entrada de droga y móviles a través de drones o el fentanilo en papeles impregnados, que son "indetectables". Frente a esta realidad, Manso critica la imagen que a veces se proyecta de ellos en algunos medios y defiende la profesionalidad del colectivo frente a casos aislados.
Es una profesionalidad forjada en la normalización del peligro. No siente miedo: "Si tuvieses miedo, no podrías trabajar", confiesa. Ante este panorama, Francisco José Manso resume el sentir de sus compañeros con una frase que resuena como un grito de auxilio: “Estamos abandonados, total y brutalmente”. Una realidad invisible que él desearía que todos pudieran conocer: “Me gustaría que realmente un día entrase alguien a grabar y se viera lo que tenemos que padecer y aguantar aquí”.