Tras presentar el borrador de forma unilateral, los gobiernos autonómicos, que representan al 70% de la población, exigen la apertura de un proceso de negociación real para un plan que deben cofinanciar y ejecutar
La Junta de Castilla y León ha elevado el tono contra el Gobierno central por la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha denunciado este jueves, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que el Ministerio "ha obviado a las comunidades autónomas" en la configuración de un plan que ellas mismas deben cofinanciar y ejecutar.
Castilla y León no está sola en esta reclamación. En una declaración conjunta, un total de once comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han acusado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de actuar con unilateralidad y falta de lealtad institucional. Los gobiernos firmantes, que representan al 70% de la población y el territorio de España, son:
Según denuncian en el texto, el borrador del nuevo plan se ha presentado apenas unos días antes de la Conferencia Sectorial, "sin un trabajo técnico conjunto ni cauces de participación reales". Recuerdan que, históricamente, los Planes Estatales de Vivienda se han configurado desde el consenso y la cooperación, un principio que, a su juicio, se ha roto.
El principal reproche es que el Ministerio haya presentado públicamente el documento como si fuera definitivo, relegando a las autonomías a un mero papel de alegantes al final del proceso, a pesar de ser las administraciones con competencias directas en la materia.
Ante esta situación, la Junta de Castilla y León y el resto de firmantes exigen al Ejecutivo central que respete el reparto competencial establecido en la Constitución. Reclaman la apertura de un "verdadero proceso de negociación" que incluya la creación de sesiones técnicas y grupos de trabajo para alcanzar acuerdos eficaces y útiles para los ciudadanos.
La Junta subraya que la vivienda es un derecho esencial y una prioridad en su acción de gobierno. Por ello, reitera su disposición a trabajar en una política de vivienda basada en la colaboración leal, la eficacia y la búsqueda de soluciones reales para las familias, los jóvenes y los colectivos más vulnerables, líneas en las que, aseguran, ya están trabajando desde el gobierno autonómico.