El Ayuntamiento de Salamanca licitará un nuevo contrato para el Servicio de Comida a Domicilio con un presupuesto base de licitación de casi 2,4 millones de euros al año
El Ayuntamiento de Salamanca se prepara para dar un nuevo impulso a su Servicio de Comida a Domicilio con el objetivo de atender la creciente demanda de personas con dependencia. La Comisión de Bienes y Contratación estudiará el próximo martes, 30 de septiembre, la aprobación de un nuevo contrato para este servicio, que contará con un presupuesto base de licitación de 2.398.171 euros al año.
Esta medida busca consolidar a la ciudad como un referente en políticas sociales, mejorando la calidad de vida de las personas y familias que requieren de este apoyo fundamental. El contrato, además, estará reservado a empresas de inserción social, reforzando el compromiso del consistorio con la economía social.
La necesidad de reforzar este servicio se fundamenta en el notable incremento de usuarios registrado en los últimos años. Según los datos facilitados, el número de beneficiarios ha pasado de 417 personas en el año 2019 a 1.038 en 2024, lo que supone más del doble.
Este aumento en la demanda ha ido acompañado de un significativo esfuerzo inversor por parte del Ayuntamiento. La partida presupuestaria destinada al servicio ha crecido de 853.504 euros en 2019 a 1.862.704 euros en 2024, una cifra que evidencia la prioridad de esta prestación para el gobierno municipal.
El objetivo principal del servicio es facilitar que las personas con limitaciones en su autonomía personal puedan permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible, garantizando al mismo tiempo hábitos de alimentación saludables. La prestación incluye:
El esfuerzo inversor del Ayuntamiento no solo se ha centrado en ampliar la cobertura del servicio, sino también en ofrecer las mayores facilidades económicas a sus beneficiarios. A finales de 2019 se aprobó una nueva ordenanza reguladora, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, para beneficiar en la reducción del copago al 60% de las personas usuarias.
Entre otras medidas, la nueva normativa eliminó la aportación computable al patrimonio por debajo de 35 años, elevó el mínimo exento por este concepto y introdujo un coeficiente reductor en la aportación para las personas que viven solas, evitando así un incremento en el copago.