Los ataques indiscriminados contra la población civil de Gaza por parte de Israel, son actos de genocidio. Así lo establece la normativa internacional sobre la Convención de Genocidio de Naciones Unidas, de 1948 y nuestro Código Penal. Y es genocidio porque la reacción ante los ataques terroristas de Hamás, no ha sido ni necesaria ni proporcionada e Israel trata de acabar por la fuerza con todo el pueblo palestino.
Los ataques indiscriminados y sistemáticos de Israel contra la población civil palestina de Gaza, es una de las atrocidades más crueles de este primer cuarto del siglo XXI en el mundo y que lleva ya casi dos años de vergonzante asedio por parte del ejército del gobierno de Netanyahu. Bien es cierto, que la chispa se encendió con los ataques terroristas de Hamás y que, en un primer momento, Israel tenía el derecho a repeler la agresión ilegítima sufrida.
Ahora bien, una cosa es la reacción de Israel de estricta legítima defensa ante una agresión terrorista por parte de Hamás y otra muy diferente es lo que ha sucedido desde entonces. El gobierno judío está actuando con ánimo de exterminar al pueblo de Gaza, al pueblo de Palestina. La prueba más evidente es que con esos ataques indiscriminados están muriendo diariamente no sólo miembros de Hamás, sino también los seres humanos más indefensos: niños, mujeres, ancianos y resto de población civil, sin importar la edad ni la condición personal, profesional y social de las víctimas.
Para calificar jurídicamente esta masacre no es necesario estrujarse demasiado las meninges ni ser un jurista de reconocido prestigio, dado que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, define al genocidio como “cualquiera de los actos –matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo o traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo- perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esa misma definición la recoge nuestro Código Penal en el artículo 607.
Lo que ha hecho Israel desde el principio, desde el ataque terrorista de Hamás, no ha sido utilizar la fuerza estrictamente necesaria para repeler la agresión, no ha sido proporcionada y la única finalidad del gobierno de Israel es hacerse con la franja de Gaza y eliminar a toda la población civil. Es más, las verdaderas intenciones –y lo ha puesto de manifiesto el gobierno israelí con las declaraciones de algunos de sus miembros- son repartirse “el pastel de Gaza” entre Israel y Estados Unidos y convertir la Franja en lugar turístico y de retiro lujurioso de los poderosos.
Ante ello, es lógico que los gobiernos democráticos, los que se constituyen incluidos en el prisma de Estados de Derecho y que consideran valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político, denuncien los ataques de Israel como acciones de genocidio, porque la finalidad de esos ataques es destruir total o parcialmente este grupo nacional que constituye la población palestina. Y, como se está haciendo por parte de la Comunidad Internacional en otros ataques ilegítimos sobre grupos nacionales, étnicos, religiosos o de invasiones de un país por otro –como en el caso de Rusia en Ucrania-, imponiendo sanciones comerciales de toda índole –entre las que está la prohibición de que deportiva y culturalmente Rusia participe en eventos internacionales-, también se debería haber impedido a Israel la participación internacional en todo tipo de eventos. De ahí que pueda considerarse legítimo que los ciudadanos y las autoridades de los países democráticos se manifiesten pacíficamente y protesten por la participación de Israel en eventos internacionales, como ha sido el caso de las protestas y manifestaciones contra Israel en las etapas de la vuelta ciclista a España en las que participaba un equipo de aquél país.
Por todos estos argumentos, considero que el comportamiento de los líderes políticos españoles de la derecha extrema del PP y de la extrema derecha de VOX en relación a los actos de genocidio de Israel contra el pueblo palestino de Gaza, es hipócrita e interesado. Calificar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de instigar a actos terroristas o ser artífice de la “kale borroka”, como ha hecho Aznar y los políticos ultras de PP y VOX, porque el presidente del gobierno ha declarado que es legítimo que los ciudadanos españoles se manifestaran pacíficamente en las etapas de la vuelta a España por la participación del equipo de Israel en el evento deportivo, solicitando, además, sanciones económicas, comerciales culturales y deportivas contra Israel, es insensato y cruel, cuando el presidente del gobierno y el partido político que lo sustenta, el PSOE, llevan aguantando más de dos años actos de violencia sistemática contra ellos y los locales donde tienen sus sedes.
Resulta paradójico que cuando los ciudadanos -instigados por los políticos del PP y VOX- utilizan la violencia contra el presidente y su formación política, sean calificados por los políticos conservadores de “manifestación de la libertad de expresión” y no se atrevan a condenar estos viles ataques y cuando se diga por parte del presidente que es legítimo manifestarse contra Israel porque está violando el derecho internacional humanitario, se le califique de abyecto terrorista o de líder de la “kale borroka”. Lo mismo de abominable que uno de esos dirigentes políticos radicales, extremistas y reaccionarios –como Ayuso- se regodee llamando hijo de puta al presidente del gobierno y que instigue a la población civil a corearlo en fiestas populares, verbenas y otros eventos con la consiguiente sorna. Y lo más grave de todo es que el máximo dirigente del PP, Feijóo, no tenga la gallardía ni la decencia de denunciar tales barbaridades. Bueno, ya se sabe que Feijóo no pinta nada en su partido, porque quién realmente marca la línea política es la dirigente madrileña.
Por su parte, otra manifestación de la ignominia en la que están instalados los políticos del PP, son las manifestaciones del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quién se ha atrevido a decir que -no sólo como miembro del PP, sino como “Abogado del Estado”- los ataques de Israel contra la población civil no son actos de genocidio. Claro, esta posición es entendible desde el punto de vista de un abogado del Estado, pero de un Estado autoritario o totalitario, como el nazi de Hitler o el de la dictadura franquista, en España, donde se admite que pueda utilizarse la violencia desproporcionada e indiscriminada contra la población civil y acabar incluso con ella, en respuesta a los ataques terroristas. Con esta misma tesis que defiende Almeida, podría haber estado justificado que el ejército, los tanques y las bombas hubieran entrado en Euskadi cuando existía la banda terrorista ETA y hubiera estado justificado acabar con toda la población civil vasca porque así se acababa antes con el terrorismo de ETA. Señor Feijóo, como líder del PP, ¿usted también cree que hubiera estado justificada esa violencia extrema en Euskadi para conseguir el fin de la violencia terrorista?
Defender estos argumentos que proclaman los líderes de la derecha extrema del PP y de la extrema derecha de VOX y de sus aduladores mediáticos, es extremadamente grave; porque nos acercan, cada día más, a los prolegómenos del exterminio nazi promovido por Hitler desde su elección como Canciller alemán, en las elecciones de 1933. Por desgracia, ahora como entonces, la política está dando un peligroso giro hacia el precipicio. Líderes como Trump o Netanyahu, que consideran legítimo cualquier medio violento para acabar con quienes no piensan como ellos, son el caldo de cultivo ideal para que volvamos a tropezar de nuevo en la misma piedra y provocar, una vez más, la destrucción de la humanidad.
Los que seguimos confiando en la fuerza de la razón, el diálogo y los métodos democráticos y consensuados para la resolución de los conflictos y en el respeto a las normas internacionales que proclaman la igualdad, la dignidad y los derechos humanos de todos los ciudadanos, no podemos quedarnos callados ante los viles comportamientos de los líderes políticos reaccionarios que lo único que pretenden es satisfacer sus exclusivos intereses y acabar con el Estado del Bienestar y los principios y valores que presiden el Estado Social y Democrático de Derecho. ¡NO PODEMOS PERMITIRLO!