El informe, solicitado por la Junta, considera que la norma invade competencias estatales y califica de "arbitrario" y "discriminatorio" el límite del 33% de ingresos por publicidad institucional para los medios.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un contundente informe que alerta sobre la posible inconstitucionalidad de varios puntos clave de la Ley de Publicidad Institucional autonómica, aprobada el pasado mes de junio con los votos de la oposición. Según el dictamen, solicitado por la propia Junta ante el "notable grado de incertidumbre" que generaba la norma, pone en duda la validez de sus modificaciones más polémicas.
Uno de los pilares que originó la reforma, la exclusión de medios condenados en sentencia firme para recibir publicidad institucional, es duramente cuestionado por el Consultivo. El informe señala que esta medida "supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica", ya que no está contemplada en la normativa estatal básica.
El dictamen subraya que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, una norma autonómica no puede imponer sanciones adicionales ni agravar las consecuencias legales ya establecidas a nivel nacional. La prohibición de contratar publicidad se considera una medida punitiva que la Comunidad de Castilla y León no está facultada para imponer, lo que "agrava las dudas sobre su validez".
Otro de los puntos más criticados por el órgano consultivo es la imposición de un límite del 33% a los ingresos que un medio puede obtener de la publicidad institucional en relación con su cifra de negocio anual. El informe califica esta restricción de arbitraria y considera que vulnera la libre concurrencia. Según el dictamen, esta medida carece de respaldo en la legislación básica estatal, genera un "trato desigual injustificado" y vulnera "el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación". Además, advierte de que pone en riesgo la viabilidad de determinados medios, afectando especialmente a los de menor tamaño o de implantación local, y compromete la pluralidad y diversidad en la difusión de campañas institucionales.
La modificación de la ley fue aprobada en las Cortes gracias a la suma de los votos de PSOE, Vox, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, evidenciando la debilidad parlamentaria del PP de Alfonso Fernández Mañueco. El Partido Popular rechazó el texto al considerar que pretendía "amordazar e intimidar a los medios de comunicación".
En su momento, el Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario y solicitó un diálogo más amplio con todos los actores del sector. La Junta de Castilla y León, al solicitar el informe, ya había manifestado su preocupación por "las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos" que contenía la nueva regulación.