CEOE reclama un nuevo marco regulatorio e "inversiones urgentes" para evitar un freno al crecimiento económico, la industria y la transición energética, considerando insuficiente la propuesta de retribución de la CNMC.
CEOE Castilla y León ha lanzado una seria advertencia sobre la situación "crítica" en la que se encuentra la red de distribución eléctrica en España. Según la organización empresarial, un 83,4 por ciento de los nudos de la red están actualmente saturados, lo que ya impide conectar nueva demanda eléctrica en gran parte del territorio nacional.
Esta alarmante conclusión surge tras la publicación de los mapas de capacidad de la red, un ejercicio de transparencia impulsado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque la patronal celebra este "hito de transparencia", subraya que los datos revelan la "urgencia de reforzar y digitalizar la red", especialmente en zonas con alta demanda industrial y residencial.
Desde la confederación advierten de las graves consecuencias de esta inacción. "Sin una red robusta y preparada, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica", señalan en un comunicado. Esta limitación, afirman, "frena el crecimiento económico y la competitividad de Castilla y León y del conjunto de España".
Ante este escenario, CEOE Castilla y León ha reclamado a los reguladores la creación de un marco regulatorio que permita acometer "más inversiones urgentes". Piden un modelo "retributivo coherente y estable" que no solo garantice la recuperación de las inversiones, sino que también atraiga capital hacia los puntos de acceso más congestionados.
La organización también ha urgido a una planificación "ágil" para liberar capacidad y evitar los "cuellos de botella" que, según denuncian, comprometen la transición energética del país. En este sentido, consideran que las propuestas regulatorias presentadas por la CNMC en julio son insuficientes.
Concretamente, la tasa de retribución del 6,46 por ciento fijada para el periodo 2026-2031 es, a su juicio, demasiado baja para incentivar las cuantiosas inversiones que se necesitan. "Resulta imprescindible elevar los límites actuales de inversión y establecer incentivos que prioricen la eficiencia y la electrificación en los territorios más afectados", han recalcado.
Finalmente, la patronal defiende que la publicación de estos mapas debe ser el "punto de partida para una reforma estructural". El objetivo, concluyen, es garantizar "el acceso equitativo a la energía y el desarrollo sostenible de las comunidades".