Actos preparatorios de la apertura del Año Judicial

Aunque en el momento de redactar el presente artículo no se ha celebrado aún la solemne apertura del Año Judicial, protocolo presidido por el Rey y con la presencia del Pleno del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Fiscal General del Estado, Ministro de Justicia, Presidente del gobierno y resto de altas autoridades del Estado, me hago eco de una manifestación más de “lawfare” protagonizada, tanto por el líder de la oposición, y presidente del PP, Feijóo, como por los representantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura, quienes han presionado al Fiscal General del Estado para que se ausente del acto o, en su caso, que no intervenga en el mismo –cuando su intervención es obligatoria según el protocolo-, porque, debido a una instrucción judicial más que discutible, ha sido procesado el Fiscal General por un presunto delito de revelación de secretos relativo a los presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios o administración desleal cometidos por González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cuando parece que no hay indicios racionales y suficientes para poder acreditar que el Fiscal General, García Ortiz, habría dado a conocer un mail que decía que fue González Amador quién ofrecía un pacto a la Fiscalía reconociendo su culpabilidad. Varios periodistas han declarado que ese mail lo recibieron antes de que tuviera conocimiento del mismo el Fiscal General. En consecuencia, cualquier juez que en su proceder respete escrupulosamente los principios y garantías que presiden el proceso penal debería -con los datos puramente objetivos y concretos con los que ha contado en la investigación- haber dictado auto de sobreseimiento –libre o previsional- contra el Fiscal General del Estado.

Precisamente, es la no presencia de Feijóo en los actos de la apertura solemne del año judicial, el mensaje que contiene una dosis más elevada de “lawfare”, puesto que su decisión política es seguida –como si fuese una orden de sus jefes profesionales- por sectores conservadores –jueces y fiscales- de la Judicatura. Por el contrario, en una democracia plenamente consolidada tenemos que acostumbrarnos a percibir que la crítica constructiva y respetuosa de las decisiones judiciales es una manifestación más de la libertad de expresión, no es un acto de “desacato” o de atentado al honor de quién emite resoluciones judiciales discutibles. El respeto a las decisiones judiciales –mantra con el que nos invaden siempre todos los políticos, eso si, de cara a la galería- no está reñido con la reflexión crítica y serena sobre las mismas. Incluso el presidente del gobierno –faltaría más- tiene derecho a emitir una opinión –respetuosa, por supuesto- sobre el proceder de jueces y fiscales.

Ahora bien, una cosa es opinar libremente sobre las decisiones judiciales y otra bien distinta es actuar con todas las armas con las que se cuentan –legales o no- con los jueces que en el cumplimiento de sus obligaciones son “incómodos” para sus intereses. Recordamos aquí las presiones que se ejercieron por parte de la derecha política –intolerables- contra el juez Garzón por la instrucción de la Gürtel. Sabemos que la derecha política actuó contra el juez, por todos los medios, hasta que consiguieron no sólo apartarlo del caso, sino conseguir que hubiera una sentencia judicial que le inhabilitó como juez. Es más, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su dictamen de 2021, concluyó que la inhabilitación del juez Baltasar Garzón fue un “proceso arbitrario” y vulneró su derecho a un proceso judicial con las debidas garantías y solicitó a España que ofreciera una “reparación efectiva” y tomara medidas para “evitar violaciones similares en el futuro”. Algo que aún no se ha producido. ¿No es esta una manifestación de lawfare?

También conocemos de cerca las intolerables presiones que sufrió el juez José Ricardo de Prada cuando se dictó la primera sentencia sobre la Gürtel que declaró al PP responsable a título lucrativo de la extensa y profunda trama de corrupción política e institucional. Este magistrado llegó a declarar en algún medio de comunicación que “mientras juzgaba Gúrtel sufrí más ataques que en toda mi carrera”. Igualmente conocemos, por supuesto, que hubo maniobras muy serias por parte de la derecha política y mediática española para que en la composición de los jueces de la Audiencia Nacional que tenían que juzgar, por el principio de Justicia Universal, a un ex ministro de Gobernación de Guatemala –Carlos Vielmann- que trasladó su residencia a España y que dirigió un operativo que terminó con la ejecución extrajudicial de varios presos en cárceles de aquél país, fuese absuelto, como finalmente fue, a pesar de que en Guatemala y en otros países -donde fijaron su residencia otras autoridades de Guatemala- fueron condenadas algunas de esas autoridades que colaboraron en el operativo a más de 30 años de prisión por la ejecución extrajudicial de 10 presos de los centros de reclusión Pavón e Infiernito, de Guatemala. Curiosamente, el máximo responsable del operativo era el entonces ministro de la Gobernación, Carlos Vielmann, que inmediatamente después de los hechos trasladó su residencia a España y que, posteriormente, fue absuelto en España por la Audiencia Nacional. Sentencia en la que hubo un voto particular que solicitaba la condena y que consideraba probada suficientemente la participación de Carlos Vielmann en la dirección del operativo criminal correspondiente.

Y, por supuesto, también conocemos múltiples declaraciones de políticos de la derecha extrema del PP y de la extrema derecha de VOX, desacreditando a jueces que les son incómodos y en aras al control político de los jueces. De todos es conocida la famosa reunión de dirigentes y cargos públicos del PP reunidos con M. Rajoy en la que éste dijo claramente que la Gürtel no era una causa del PP, sino una “causa general contra el PP”. Rafael Hernando calificó al Juez Santiago Pedraz, como “pijo ácrata”. Monago calificó al juez que instruyó Gürtel de practicar “lawfare” y cuando se condenó al PP en la Gürtel de dictar sentencias “con rencor”. Por su parte, el político encargado de pactar la renovación del CGPJ en 2018, Ignacio Cosidó, por un descuido en su teléfono móvil, se supo que dejó un mensaje a sus colegas de que iban a controlar al Tribunal Supremo “desde atrás”. Igualmente, el actual número 2 del PP González Pons, cargó contra el Tribunal Constitucional tras una sentencia que no gustó a su partido, calificándolo de ser “el cáncer del Estado de Derecho”.

Y cuando se han realizado muchas de estas declaraciones contra los jueces por parte de lideres del PP, ya era presidente del partido Feijóo. Por tanto, ¿qué lecciones puede darnos Feijóo y su séquito de respeto a los jueces y a la independencia judicial? NINGUNA.