En la República Democrática del Congo (RDC), específicamente en la región de Kivu Norte, se concentra más de la mitad de las reservas mundiales de coltán. Su extracción es relativamente sencilla: basta lavar con agua las arenas de las minas para separar el coltán de otros minerales más ligeros. Este proceso, sumado al alto valor del mineral en el mercado, ha convertido al coltán en uno de los principales motores del conflicto en la región. Se estima que la explotación de este recurso financia al menos a cuarenta grupos armados.
Julián Gómez Alzate
Defensor de los derechos humanos
El 28 de enero, Amnistía Internacional alertó sobre la grave crisis humanitaria que enfrentan miles de civiles en la región de Kivu, en la República Democrática del Congo. Ante la violencia desatada, miles de personas se han visto obligadas a huir en busca de seguridad y ayuda humanitaria. El director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto para que prioricen la protección de la población civil, en medio de lo que describió como una violencia devastadora.
El grupo rebelde M23, de origen tutsi y respaldado por las fuerzas armadas de Ruanda, ha lanzado una ofensiva militar para expandir su control territorial. En su avance, ha logrado tomar varias ciudades estratégicas, incluidas Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte, y Bukavu, en Kivu Sur. Estas urbes, que albergan a casi dos millones de habitantes, son clave para el abastecimiento y la logística en la región.
Según las autoridades congoleñas, desde enero más de 7.000 personas han perdido la vida a causa de las acciones del M23. De estas, al menos 2.500 cuerpos han sido enterrados sin identificación. Además, el número de desplazados internos ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos 20 años. Datos del ACNUR indican que ya hay alrededor de 275.000 desplazados dentro del país, y se espera que al menos 285.000 personas lleguen a campos de refugiados en naciones vecinas. Estas cifras son comparables únicamente con las registradas durante la Segunda Guerra del Congo, también conocida como la Guerra Mundial Africana. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Qué papel desempeña Ruanda en esta crisis?
El tantalio, un metal con más de cincuenta aplicaciones tecnológicas directas e indirectas, es un componente esencial en la fabricación de dispositivos como smartphones, ordenadores, laptops, consolas de videojuegos, implantes médicos e instrumentos quirúrgicos. Su importancia en la electrónica moderna es indiscutible, pero este mineral es más conocido por ser uno de los componentes del coltán, la materia prima de la que se extrae.
En la República Democrática del Congo (RDC), específicamente en la región de Kivu Norte, se concentra más de la mitad de las reservas mundiales de coltán. Su extracción es relativamente sencilla: basta lavar con agua las arenas de las minas para separar el coltán de otros minerales más ligeros. Este proceso, sumado al alto valor del mineral en el mercado, ha convertido al coltán en uno de los principales motores del conflicto en la región. Se estima que la explotación de este recurso financia al menos a cuarenta grupos armados.
A lo largo de los años, se han denunciado graves violaciones de derechos humanos en la zona, incluyendo esclavitud, trabajo infantil, reclutamiento de menores, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ante esta situación, muchos países y la Unión Europea han implementado legislaciones sobre los llamados «recursos de conflicto». Estas normativas exigen a las empresas importadoras que, dentro de su «diligencia debida», actúen con «cuidado razonable» e investiguen el origen de los recursos antes de tomar decisiones comerciales. Las empresas que contribuyan, se beneficien o estén vinculadas a violaciones graves de derechos humanos pueden enfrentar sanciones bajo las jurisdicciones nacionales.
Sin embargo, estas medidas no han logrado detener el contrabando de coltán desde la RDC hacia otros países de la región. Uno de los principales implicados en este blanqueamiento es Ruanda, un país con apenas catorce millones de habitantes, un territorio más pequeño que Bélgica y escasos yacimientos mineros explotados. A pesar de esto, Ruanda se ha posicionado como el tercer mayor exportador de tantalita del mundo, solo por detrás de Brasil y la RDC. Según un informe de la ONU de junio de 2024, uno de los grupos armados está exportando mensualmente al menos 150 toneladas de coltán a Ruanda, lo que evidencia la magnitud del problema.
Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC) comparten un pasado común como colonias del Imperio belga, pero en las últimas décadas han sido protagonistas de uno de los conflictos más sangrientos del siglo XXI: la Segunda Guerra del Congo (1998-2003). Este conflicto, que dejó aproximadamente 5,4 millones de muertos (la mayoría a causa de hambrunas y enfermedades), movilizó ejércitos de nueve naciones que combatieron en territorio congoleño, pero en el núcleo de la guerra se enfrentaron la RDC contra Ruanda, Uganda y Burundi.
Uno de los motores de este conflicto fue el enfrentamiento étnico entre milicias hutus y tutsis, que continuó tras el genocidio ruandés de 1994. Para financiar la guerra, los países de la región de los Grandes Lagos permitieron a sus combatientes explotar recursos naturales como diamantes y madera en territorio congoleño. Con el tiempo, los oficiales de los ejércitos de Ruanda y Uganda acumularon pequeñas y grandes fortunas, desviándose del objetivo inicial de perseguir y castigar a los responsables del genocidio para centrarse en mantener el control del este de la RDC.
La guerra terminó sin un vencedor claro, pero la RDC ha seguido enfrentando una profunda inestabilidad debido a la presencia de un centenar de grupos rebeldes que operan en su territorio desde entonces. Sin embargo, los intereses en los recursos naturales del Congo no han cesado. En la actualidad, la atención se ha centrado en zonas ricas en minas de oro, coltán, estaño, tantalio y otros minerales esenciales y tierras raras.
Tras el genocidio, Ruanda ha recibido un sólido apoyo económico y militar de la comunidad internacional. Se estima que, hasta 2024, el país ha recibido alrededor de 1.000 millones de dólares en ayuda extranjera, gran parte proveniente de Europa. Además, Estados Unidos e Israel han colaborado en la formación y venta de armamento a Ruanda. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un programa de apoyo a las fuerzas armadas ruandesas que incluye «seguridad de la aviación, capacitación para fuerzas de paz y esfuerzos más amplios de profesionalización». Gracias a esto, el ejército ruandés se ha convertido en uno de los más importantes de África, participando en misiones de paz en todo el continente.
El apoyo occidental ha transformado a Ruanda, un país pequeño, sin salida al mar y sin recursos naturales significativos, en un «milagro económico africano». Sin embargo, gran parte de este éxito se basa en la venta de recursos naturales extraídos de la RDC. Según The Sentry, una organización que investiga redes multinacionales que se benefician de conflictos violentos, los minerales que financian el conflicto en la RDC —y con ello, el reclutamiento de menores, la violencia sexual contra mujeres y otras atrocidades— no son introducidos directamente al mercado por países limítrofes como Ruanda, Uganda y Burundi. En cambio, estos países venden los minerales a naciones con menos controles sobre los «minerales de conflicto», como los Emiratos Árabes Unidos, en el caso del oro y los diamantes.
Por otro lado, minerales como el coltán, el estaño y el tungsteno son adquiridos por empresas tecnológicas globales. De hecho, la RDC, ha llevado a los tribunales de Bélgica y Francia a las filiales europeas de Apple, acusándolas de comprar estos minerales a Ruanda a pesar de su origen conflictivo. Aunque Ruanda no ejerce un control directo sobre los territorios del Congo, su apoyo a milicias tutsis —que continúan operando en la región y amenazan la estabilidad de la RDC— le permite mantener una influencia significativa sobre los recursos naturales y la población civil del país vecino. Estas milicias, que no fueron desarticuladas tras el fin de la Segunda Guerra del Congo, actúan como un brazo extendido de los intereses ruandeses en la región.
El llamado es claro: funcionarios congoleños y de la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado repetidamente a Ruanda de utilizar al grupo rebelde M23 para apoderarse de minas en la RDC y fomentar el contrabando de minerales desde el este del país hacia sus propias cadenas de suministro. El 22 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU instó a Ruanda a cesar su apoyo al M23 y exigió que este grupo se retire «inmediatamente del territorio congoleño sin condiciones previas».