Los presidentes provinciales de ASAJA, UPA y COAG se han reunido en Villar de Peralonso para coordinar la ayuda a los afectados por el histórico incendio de Cipérez, que ha calcinado más de 10.500 hectáreas. Ante más de un centenar de ganaderos, advierten de la complejidad burocrática y expresan su escepticismo sobre si las ayudas cubrirán el daño real, ya que el fuego ha arrasado las reservas de un año excepcionalmente bueno
Un frente unido contra un paisaje de cenizas. Las principales organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, han cerrado filas este miércoles en Villar de Peralonso para arropar a los cientos de agricultores, ganaderos y apicultores devastados por la oleada de incendios que ha asolado la provincia. La reunión ha tenido lugar en el epicentro de la desolación, con el recuerdo aún vivo del fuego que se originó en Cipérez y que ya se ha convertido, con más de 10.500 hectáreas calcinadas, en el mayor desastre forestal de la historia de Salamanca.
El Salón Multifuncional de la localidad ha sido el escenario de un encuentro cargado de preocupación por el futuro, un acto al que asistían algo más de un centenar de ganaderos de la comarca de Vitigudino. El objetivo era triple: recopilar información detallada de los daños, canalizar la ola de solidaridad que ha surgido entre compañeros del sector y, sobre todo, explicar el complejo laberinto burocrático que se abre ahora para acceder a las ayudas prometidas por las administraciones. La catástrofe ha dejado un rastro de destrucción en explotaciones de municipios como La Jarilla o El Payo, y ha golpeado con especial dureza la comarca de Vitigudino, extendiéndose hasta la de Ledesma y afectando a términos como Villaseco de los Reyes y sus anejos de Berganciano, Gejo de los Reyes y Campo de Ledesma; Espadaña (Becerril y Pedernal), Villar de Peralonso, Tremedal de Tormes, o las localidades de Cerezal de Puertas y El Gróo, pertenecientes al municipio de Puertas.
En un gesto de cohesión, habitual en Salamanca, los líderes de las tres OPAs han presentado una sola voz. Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, ha sido el encargado de abrir el acto, subrayando la importancia de la unidad en estos momentos críticos. "Los agricultores y ganaderos no entienden de siglas, nosotros tampoco. Aquí lo que queremos demostrar, sobre todo también, es unidad de acción ante los nuestros", ha afirmado Delgado, agradeciendo al Ayuntamiento de Villar de Peralonso la cesión de las instalaciones.
Más allá de la gestión de la crisis, Delgado ha elevado el tono para señalar las causas estructurales que, a su juicio, subyacen tras estos incendios. "El abandono del medio rural nos está llevando a unas situaciones muy lastimosas", ha denunciado, vinculando el desastre a la falta de políticas efectivas para mantener vivo el campo. Ha lanzado un dardo directo a la clase política: "Se le llena la boca con el cambio climático, con la protección del medio ambiente, pero se olvidan realmente de quiénes son los que lo protegen".
Esta pérdida es difícil de cuantificar, pero los datos preliminares son desoladores, aunque aún se desconoce el número de ganaderos afectados. El propio Juan Luis Delgado ha ofrecido una estimación superficial, calculando una pérdida de 2 euros diarios por animal solo en lo que a alimentación de una vaca se refiere. Una cifra que, multiplicada por las miles de cabezas de ganado de la zona, dibuja un panorama económico desolador, Maxi cabe teniendo en cuenta que muchos ganaderos tenían almacenado forraje y paja para más de dos años. A ese dato cabría añadir los daños sufridos en instalaciones y maquinaria, en muchos casos.
Tras el impacto inicial del fuego, llega la segunda batalla: la burocracia. Carlos José Sánchez, secretario general de UPA Salamanca, ha detallado los desafíos administrativos que enfrentan los afectados. "Una vez que viene el problema del fuego, viene el problema burocrático", ha advertido. Cuestiones como la condicionalidad de la PAC, el aprovechamiento de los pastos calcinados o la aplicación de la Ley de Montes se convierten ahora en un quebradero de cabeza, pues hay que señalar que esta norma prohibe el pastoreo en zonas afectadas por incendios durante cinco años.
Sánchez ha explicado que la Junta de Castilla y León ha anunciado un paquete de ayudas, pero "aún está por concretar, han salido los 45 puntos de ayudas con bastante todavía por desarrollar". La labor de las organizaciones, ha dicho, será la de guiar a los damnificados. "Les ayudaremos a tramitar cada una de ellas, y sobre todo a aquellos que se hayan visto más afectados y que tengan más urgencia, cómo tenemos que hacer para las ayudas que se van a poner de forma inmediata para cubrir sus necesidades más urgentes, sobre todo, alimentación de agua o alimento para esos animales", ha prometido.
Pese a la buena voluntad manifestada por las administraciones, el escepticismo y el realismo se han apoderado del discurso de José Manuel Cortés, representante de COAG. Ha sido el encargado de poner cifras y sensaciones a la tragedia, enfriando las expectativas sobre las compensaciones económicas. Aunque ha reconocido que "la disposición de las administraciones es buena" y que se ha prometido cubrir incluso el lucro cesante, su advertencia ha sido tajante.
"El susto tarda en pasarse, y la cuantía que vengan de las administraciones, por muy... aunque en marzo sean elecciones y estén tirando la cartera, yo bien creo que no va a llegar al daño que ha perdido esta zona", ha sentenciado Cortés. La razón de este pesimismo se encuentra en la excepcionalidad del año agrícola que el fuego ha truncado. "Ha sido un año muy bueno, tenían almacenaje, algunas explotaciones para 2 y 3 años, y eso no se va a cubrir", ha lamentado. La clave, según ha explicado, residirá en las peritaciones. "Va a haber una peritación que, indiscutiblemente, va a ser a la baja. No van a venir a ponerlo todo lo que se ha perdido".
La reunión en Villar de Peralonso ha servido para trazar una hoja de ruta inmediata, centrada en canalizar donaciones de paja y forraje y solicitar transporte gratuito para que la ayuda llegue a tiempo. Sin embargo, el encuentro ha dejado un poso de incertidumbre. La unidad del sector es, por ahora, el activo más sólido frente a la catástrofe. La ayuda institucional, aunque bienvenida, se percibe como un parche que difícilmente podrá cicatrizar la herida abierta en el corazón del campo charro. La pregunta que resuena entre las cenizas es si esta ayuda será suficiente para evitar que el desastre natural se convierta en el abandono definitivo de decenas de explotaciones familiares.
A este encuentro también asistió el alcalde de Cipérez, Francisco Alonso, quien avanzó que ya ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la Declaración de Zona Catastrófica para su municipio.