Según informes de la ONU, el derecho a la vida de los palestinos parece ser constantemente relegado a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos de Israel y sus aliados. Millones de personas han salido a las calles exigiendo un embargo de armas a Israel y una intervención inmediata para detener la limpieza étnica en curso.
Matteo Lentini
Defensor de los derechos humanos
Las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la «toma de control de la Franja de Gaza», y el consecuente traslado forzado de la población palestina, representan una de las afirmaciones más aberrantes y peligrosas jamás expresadas por un líder internacional de su calibre en los últimos años. Trump, con su habitual lenguaje incendiario y ofensivo, ha sugerido abiertamente la expulsión forzada de más de dos millones de palestinos, ignorando deliberadamente el derecho internacional y pisoteando los principios fundamentales del derecho y la dignidad humana. Este lenguaje utilizado por el presidente no solo es deshumanizante, sino que también es funcional para la legitimación de una política de limpieza étnica: definir Gaza como «un sitio de demolición» significa ignorar deliberadamente el sufrimiento de millones de personas y reducir una tragedia humanitaria a un simple problema de «gestión urbana».
Las declaraciones de Trump, además, si se contextualizan en la tragedia que la población de Gaza ha estado viviendo durante décadas, resultan aún más impactantes e incriminatorias. De hecho, además de que la mayoría de los gazatíes son descendientes de los sobrevivientes de la Nakba de 1948, ya desarraigados por la fuerza de sus tierras por parte de Israel, en los últimos dieciséis meses la Franja ha sido objeto de una devastación sin precedentes: según datos independientes, más de 25.000 civiles palestinos han perdido la vida debido a los incesantes bombardeos israelíes; además, el 70 % de la infraestructura de Gaza ha sido destruida y el acceso a alimentos, agua y asistencia sanitaria está drásticamente comprometido. Sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel, Trump ha seguido y sigue apoyando incondicionalmente al gobierno de Netanyahu, omitiendo deliberadamente reconocer el papel de Estados Unidos en el suministro de armas utilizadas para atacar ilegalmente Gaza.
Y si por un lado Trump es el rostro más descarado de la arrogancia colonial, por otro, la comunidad internacional tiene graves responsabilidades por su complicidad e inacción. A pesar de las débiles condenas verbales, Estados Unidos sigue proporcionando armas a Israel sin interrupción, con un aumento del 30 % en los suministros militares en comparación con años anteriores. Por su parte, la Unión Europea, en vez de buscar una solución para detener el embargo y el conflicto, ha mantenido sus relaciones económicas con Israel sin aplicar ninguna sanción significativa por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Hablando sobre los países en específico, mientras Francia ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, calificando las declaraciones de Trump como un verdadero ultraje al derecho internacional, Alemania y el Reino Unido se han limitado a expresar preocupación por el riesgo de una escalada de violencia en sus propios países, sin proponer acciones concretas contra esta continua incitación al odio por parte de Trump. Incluso los gobiernos árabes, como Arabia Saudita y Egipto, a pesar de las diversas declaraciones oficiales de solidaridad con el pueblo palestino, continúan manteniendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel sin ejercer una presión real para detener la violencia y alcanzar un compromiso genuino.
Así, la tregua actualmente en vigor en Palestina no es más que una ilusión temporal, una pausa frágil en un conflicto que sigue marcado por profundas desigualdades y violaciones sistemáticas del derecho internacional. El acuerdo iniciado el 19 de enero de 2025, que preveía un alto el fuego de 42 días a cambio de la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, se ha revelado precario desde el principio, amenazado por continuas tensiones y acusaciones mutuas de incumplimiento de los compromisos asumidos. Israel ha retrasado la liberación de aproximadamente 600 prisioneros palestinos, justificando su decisión por el trato que Hamás ha dado a los rehenes israelíes durante las ceremonias de liberación. Esto, por supuesto, ha desencadenado una nueva serie de acusaciones entre las partes, con Hamás denunciando la violación del acuerdo e Israel justificando, como de costumbre, su postura con la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
El problema principal de esta tregua, sin embargo, no radica solo en la falta de implementación de los acuerdos, sino en la naturaleza misma de la tregua. Cada cese temporal de las hostilidades no es más que un paliativo que no aborda las verdaderas raíces del conflicto: la ocupación, el bloqueo sobre Gaza, la discriminación sistemática y la continua expansión de los asentamientos ilegales israelíes. Mientras estos problemas no sean abordados estructuralmente, cada tregua estará destinada al fracaso.
La disparidad entre las fuerzas en juego es evidente y hace aún más clara la asimetría de la situación en Palestina. Por un lado, Israel, con el apoyo total y continuo de Estados Unidos y Occidente, mantiene un control militar, económico y político abrumador sobre Gaza y los territorios palestinos. Por otro lado, la población de Gaza sufre las consecuencias de un bloqueo asfixiante, con restricciones en el acceso a bienes de primera necesidad, atención médica y ayuda humanitaria. Según informes de la ONU, el derecho a la vida de los palestinos parece ser constantemente relegado a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos de Israel y sus aliados.
Además, el endurecimiento de las medidas de control sobre los palestinos por parte del gobierno israelí ha generado un aumento de las tensiones en toda la región, amenazando la estabilidad de Oriente Medio. El número de detenciones arbitrarias ha crecido exponencialmente, con cientos de palestinos, incluidos periodistas y activistas, detenidos sin juicio bajo la controvertida práctica de la detención administrativa. Las familias son separadas, sus derechos fundamentales son pisoteados y el derecho a la protesta es reprimido con extrema violencia. Y más allá de las evidentes desigualdades estructurales, el comportamiento de Israel durante la tregua ha estado, una vez más, plagado de violaciones sistemáticas: incursiones israelíes en Cisjordania, ataques dirigidos contra supuestos militantes y restricciones a los movimientos de la población palestina han continuado incluso durante el alto el fuego.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de dejar de avalar soluciones superficiales y de abordar el conflicto con medidas concretas. Se deben ejercer presiones diplomáticas reales sobre ambas partes para garantizar el respeto de los acuerdos, pero también para iniciar negociaciones serias que apunten a una solución duradera y no a simples treguas temporales. La creación de un mecanismo internacional de monitoreo es esencial para garantizar la seguridad de la población palestina y documentar las continuas violaciones de los derechos humanos, llevando a los responsables ante la justicia. La Corte Penal Internacional, que desde 2021 ha estado recopilando pruebas de crímenes de guerra en Palestina, debe acelerar las investigaciones e iniciar procesos formales contra los líderes responsables, incluidos Netanyahu y Trump, por su participación directa en la estrategia de represión y traslado forzado de la población palestina. No actuar significa legitimar un precedente peligroso que podría repetirse en otros contextos.
Mientras tanto, en numerosas capitales occidentales se han llevado a cabo manifestaciones de protesta contra la gestión de la crisis. Millones de personas han salido a las calles exigiendo un embargo de armas a Israel y una intervención inmediata para detener la limpieza étnica en curso. Activistas, académicos y juristas han enviado peticiones a los gobiernos, instando a tomar medidas concretas para poner fin a la masacre. Seguir tratando la cuestión palestina con treguas temporales y negociaciones inconclusas significa condenar a millones de personas a un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. La protección internacional y un compromiso concreto con un cambio estructural no solo son deseables, sino necesarios. Sin una voluntad política real de abordar las raíces del conflicto, cualquier intento de paz seguirá siendo solo una ilusión destinada a desaparecer al primer pretexto.