BRACAMONTE
Actualizado 30/07/2025 13:45:47
Raul Blazquez

Los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno para dotar de bomberos funcionarios a los parques de la provincia de Salamanca

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca ha lanzado una de sus ofensivas más contundentes contra la gestión del Partido Popular, centrando su crítica en lo que han calificado como la "crónica de un desastre": el actual modelo de prevención y extinción de incendios en la provincia. En una rueda de prensa encabezada por su portavoz, Fernando Rubio, y la viceportavoz y alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, los socialistas han anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno para exigir la profesionalización inmediata del servicio, denunciando un sistema que, según afirman, es "ilegal", se basa en el "chantaje" a los ayuntamientos y utiliza el "clientelismo político" en detrimento de la seguridad ciudadana.

Antes de desgranar su iniciativa, Fernando Rubio ha querido comenzar con unas palabras de condena y apoyo al alcalde socialista de Puerto de Béjar, Ángel Miña, tras la agresión sufrida en un pleno municipal. "Desde aquí, nuestro apoyo absoluto al alcalde y nuestra petición de dimisión del personaje que ha realizado la agresión", ha declarado Rubio, instando al presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, a tomar medidas disciplinarias.

Un modelo "fuera de la normativa"

El núcleo de la denuncia socialista se fundamenta en que la Diputación de Salamanca, como entidad competente según la Ley de Bases de Régimen Local, ha eludido su responsabilidad directa en la prestación del servicio de bomberos. En su lugar, ha tejido una red de convenios con los ayuntamientos que, a su vez, dependen de asociaciones de voluntarios para cubrir las emergencias. Este modelo, según el PSOE, contraviene directamente múltiples sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Tribunal Supremo.

"Los tribunales han declarado que estamos en la ilegalidad porque se está poniendo en manos de personas no aptas para llevar a cabo el servicio de protección civil y de extinción de incendios", ha sentenciado Rubio. La clave, ha insistido, es que la ley exige que este personal sea funcionario, es decir, profesionales con cualificación y, fundamentalmente, con la condición de agentes de la autoridad. Esta condición les otorga la capacidad legal para tomar decisiones críticas en una emergencia, algo que un voluntario no puede hacer.

Para ilustrar la gravedad de la situación, el portavoz socialista ha recordado el trágico incendio de Miranda del Castañar, donde fallecieron dos personas. "Aquello fue todo menos coordinación. Fue un auténtico guirigay", ha lamentado, asegurando que los vecinos de la localidad afirman que el parque principal de bomberos tardó "cerca de una hora y media" en llegar.

El "chantaje" a los alcaldes y el "clientelismo"

Fernando Rubio ha descrito el sistema de convenios como un mecanismo de presión inaceptable. "Someten a los alcaldes y alcaldesas a un chantaje que es totalmente inasumible", ha afirmado. Según su relato, la Diputación amenaza a los regidores con denunciarlos públicamente si no firman los acuerdos, acusándolos de no querer un servicio de bomberos para sus municipios. Un ejemplo de esta práctica, ha señalado, se vivió en Ledesma durante la pasada legislatura.

Este sistema, además, genera un caos administrativo y financiero. El caso del Ayuntamiento de La Alberca ha sido expuesto como paradigmático. El consistorio recibió el convenio para los años 2022 y 2023 en octubre de este último año, haciendo imposible gastar la partida asignada en apenas tres meses. "¿Qué hace la Diputación? Solicita que se le devuelva el dinero de ese convenio", ha denunciado Rubio, calificando la situación de "crónica de un desastre".

A esta denuncia se suma la acusación de "clientelismo político". Rubio ha sugerido que los recursos se distribuyen con criterios partidistas. "Cuando iba a recibir el propio Ayuntamiento de La Alberca un camión nuevo, parece que ese camión voló hacia otro destino", ha deslizado. También ha señalado el retraso en la construcción del nuevo parque de Vitigudino, uno de los tres parques secundarios más importantes junto a los de Béjar y Ciudad Rodrigo, y ha criticado que las decisiones parecen tomarse por encima del diputado del área, a quien "se le están permanentemente cortando las alas".

La insustituible labor de los profesionales

La viceportavoz socialista y alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, ha reforzado la argumentación, reconociendo el valor del voluntariado pero marcando una línea roja. "En ningún caso puede ser sustitutivo de la presencia de los bomberos, que por su cualificación y condición de agentes de la autoridad han de ser los responsables de garantizar la prestación del servicio", ha subrayado. Ávila ha sido tajante al afirmar que la ley no permite que los voluntarios actúen sin la supervisión de bomberos profesionales, una situación que, según ella, ocurre "día sí y día también" en la provincia.

Ávila ha acusado al Partido Popular de una "incapacidad de gestión" tanto en la Diputación como en la Junta de Castilla y León, a la que también ha responsabilizado por no garantizar la coordinación del servicio y por haber aprobado un plan sectorial de emergencias con 15 años de retraso que, además, fue declarado nulo. Ha alertado sobre una nueva estrategia: utilizar a las mancomunidades para perpetuar este modelo de convenios, lo cual ha calificado de "clarísimo despropósito", ya que estas entidades tampoco tienen la competencia.

Las exigencias de la moción socialista

Ante este panorama, la moción que el PSOE llevará al pleno provincial se articula en dos puntos fundamentales. En primer lugar, instar a la Diputación de Salamanca a "garantizar un servicio público esencial que cubra la totalidad del territorio", dotando a la provincia de parques comarcales con los medios técnicos y humanos necesarios, es decir, con bomberos funcionarios. En segundo lugar, instar a la Junta de Castilla y León a comprometerse con la cofinanciación del servicio y a crear de una vez por todas el consorcio autonómico de bomberos previsto en la ley desde 2007.

"Se está jugando con fuego, nunca mejor dicho", ha concluido Rubio. Para visibilizar su reivindicación, los socialistas han convocado una concentración en el parque de bomberos de Peñaranda, exigiendo profesionales no solo para esta comarca, sino también para otras zonas desatendidas como Tamames. La ofensiva está lanzada, y el PSOE ha dejado claro que no cesará en su empeño de que la seguridad de los salmantinos deje de depender de un modelo que consideran precario, ilegal y peligroso.

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