La migración no es una amenaza que haya que detener o erradicar, sino que se trata de un fenómeno complejo que debe gestionarse desde un punto de vista no sólo político sino también social, manteniendo una perspectiva pedagógica y sociológica. Sin embargo, los gobiernos se muestran incapaces de cumplir con sus obligaciones morales y legales de proporcionar asistencia y protección a las personas en situación de vulnerabilidad manteniendo tales perspectivas.
Andrea Martín Paiz
Defensora de los derechos humanos
A lo largo de los años hemos visto que las crisis humanitarias provocadas por los desplazamientos masivos de personas —que intentan escapar de situaciones de violencia y destrucción extrema— han aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, los cambios medioambientales también han fomentado que estos movimientos migratorios se mantengan a lo largo del tiempo, aumentado especialmente en estos últimos 10-15 años. Cada día, familias de todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares. Esta situación supone arriesgar todo cuanto tienen para escapar del conflicto, los desastres, la pobreza o el hambre, en busca de mayor seguridad y una vida mejor. No obstante, no podemos ignorar que también existen personas que han sido —y son— expulsadas bajo la idea de que «no son legales» o no pertenecen al territorio debido a que están dañando la zona, es decir, molestan.
La migración no es una amenaza que haya que detener o erradicar, sino que se trata de un fenómeno complejo que debe gestionarse desde un punto de vista no sólo político sino también social, manteniendo una perspectiva pedagógica y sociológica. Sin embargo, los gobiernos se muestran incapaces de cumplir con sus obligaciones morales y legales de proporcionar asistencia y protección a las personas en situación de vulnerabilidad manteniendo tales perspectivas.
Centrándonos actualmente en lo que está ocurriendo en Europa, los refugiados constituyen hasta un 1,5 % de la población total de la UE. Según los datos extraídos del Parlamento Europeo en 2023, se recogieron un total 865.655 resoluciones de asilo, lo que supone un aumento del 7 % en comparación con 2022. Los sirios, afganos, turcos, venezolanos y colombianos presentaron el mayor número de solicitudes de asilo: juntos representaron casi la mitad (48 %) de todos los solicitantes de asilo por primera vez en 2023. Las tensiones internas en el seno de la UE, agravadas por las crisis económicas, la ausencia de un criterio común y la poca claridad de las instituciones, contribuyeron a agravar una crisis humanitaria en las que las personas en una situación vulnerable están en el punto de mira, sin ningún tipo de cuidado ni protección.
La situación europea no es la única que muestra tener problemas con respecto a esta situación, pues encontramos que actualmente en Estados Unidos se están produciendo leyes que atentan contra la seguridad y protección de los ciudadanos. Recientemente, el presidente Donald Trump se refirió a un grupo de colombianos deportados como «criminales». Desde que Trump asumió el poder, han aumentado los arrestos de inmigrantes indocumentados, tanto quienes cometieron delitos como personas sin antecedentes penales. Con sus discursos de odio tan sólo favorece que se repliquen estas ideas sobre el resto de ciudadanos, manteniendo una disparidad entre los americanos.
De esta manera, debemos recalcar cómo la migración masiva, lejos de ser una anomalía contemporánea, es un fenómeno estructural profundamente vinculado a factores políticos, económicos y medioambientales. Desde una perspectiva sociológica, el desplazamiento de personas no puede abordarse únicamente desde la óptica de la seguridad nacional o la legalidad estatal, sino como una manifestación de desigualdades globales y de la incapacidad de las instituciones para garantizar derechos humanos universales.
La sociología señala que estos movimientos no son espontáneos ni aislados, sino que siguen patrones históricos de exclusión y jerarquización de poblaciones. En este sentido, la categorización de los migrantes como «ilegales» o «amenazas» no es más que una construcción discursiva que refuerza el control social y las fronteras simbólicas entre «nosotros» y «ellos» bajo la idea de encontrar y mantener una falsa homogeneidad en la sociedad. Es así como la falta de un criterio común para la acogida de refugiados y la instrumentalización de la migración con fines políticos sólo perpetúan la precarización y la vulnerabilidad de estas poblaciones. La construcción del «otro» como amenaza, especialmente cuando se le asocia con el crimen o la desestabilización económica, legitima políticas de exclusión y violencia institucional, fragmentando aún más el tejido social.
En conclusión, a pesar de que los desplazamientos forzados han aumentado en las últimas décadas, los Estados continúan respondiendo desde una perspectiva restrictiva y de control, en lugar de abordar el problema con un enfoque humanitario y social. La falta de consenso en la gestión migratoria, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha generado un escenario de precarización y vulnerabilidad para quienes buscan seguridad y mejores condiciones de vida. Además, la construcción discursiva del migrante como «ilegal» o amenaza solo refuerza la exclusión y la violencia institucional, impidiendo una verdadera integración social. En este sentido, es fundamental replantear las políticas migratorias desde un enfoque que priorice la protección de los derechos humanos y la justicia social, reconociendo la migración como un componente inherente a la historia y a las dinámicas globales.