El concejal no adscrito critica la "inacción" del equipo de gobierno y el lamentable estado de las instalaciones
La estación de autobuses de Alba de Tormes, un punto neurálgico para la movilidad de la comarca y puerta de entrada para numerosos visitantes, se ha convertido en el epicentro de una grave denuncia política y administrativa. El concejal del Ayuntamiento, Juan Antonio Pascual Pastor, ha alzado la voz para criticar lo que ha calificado como una situación de abandono y dejadez insostenible, señalando directamente a la empresa concesionaria del bar y a la presunta inacción del equipo de gobierno municipal.
En el centro de la controversia se encuentra una presunta deuda económica que, según el edil, recae injustamente sobre los hombros de todos los ciudadanos. "Esta empresa nos debe unos 10.000 euros de luz a los albenses y aparte no cumple la concesión", ha afirmado Pascual Pastor. Esta cifra, ha explicado, no es un problema reciente, sino la culminación de una situación que él mismo ha venido denunciando desde hace tiempo. "Cuando yo era concejal de Hostelería y Turismo denuncié que debía unos 8.000, a día de hoy serán unos 10.000 euros de luz, no pagan de ninguna manera, y aún así sigue gastando luz que los pagamos todos los albenses", ha añadido, subrayando la frustración ante una deuda que no solo persiste, sino que ha crecido con el tiempo.
Más allá de la cuestión económica, la denuncia del concejal se ha centrado con especial dureza en el estado físico de las instalaciones, que considera una imagen lamentable para la villa ducal. La descripción que ha ofrecido Pascual Pastor es desoladora y no deja lugar a interpretaciones. "Está hecho todo en una guarrería, como cristales sucios, paredes sucias, suelo sucio, una auténtica vergüenza", ha sentenciado. Esta falta de mantenimiento, según su testimonio, no solo afecta a la comodidad de los usuarios, sino que proyecta una imagen de negligencia que perjudica la reputación de Alba de Tormes.
Según ha detallado el concejal, la concesión administrativa que permitía a la empresa concesionaria explotar el servicio de bar y encargarse del mantenimiento de la estación, expiró hace aproximadamente un año y medio. Sin embargo, la empresa continúa operando en las instalaciones, generando un limbo administrativo que, para Pascual Pastor, tiene un responsable claro: el propio Ayuntamiento.
El edil ha apuntado a un posible error administrativo como la causa de este estancamiento. "Ellos te dicen que son un servicio esencial y no se le puede sacar", ha explicado. Esta afirmación introduce una capa de complejidad legal al conflicto, donde la empresa se habría amparado en un presunto fallo municipal para perpetuar su estancia, a pesar de haber finalizado su contrato y de los incumplimientos que se le atribuyen.
La responsabilidad política es, para Pastor, ineludible. Ha señalado directamente a la alcaldesa Concepción Miguélez por permitir que esta situación se prolongue. "Están ahí porque le está dejando la alcaldesa al ayuntamiento o el concejal que corresponda", ha declarado.
A pesar del aparente bloqueo, Juan Antonio Pascual Pastor se ha mostrado convencido de que existen mecanismos para resolver la situación. No acepta que un presunto error administrativo sea un obstáculo insalvable para desalojar a una empresa que, según su versión, no cumple con ninguna de sus obligaciones contractuales. La solución, en su opinión, pasa por los tribunales.
"Yo creo que judicialmente se le puede sacar porque no está cumpliendo con nada de lo que está la concesión", ha manifestado con rotundidad.