El secretario general del PSOE, David Serrada, ha denunciado que la provincia registra el segundo precio de alquiler más caro de Castilla y León, con una media de 831 euros.
El Partido Socialista de Salamanca ha exigido al Partido Popular que "deje de boicotear" la Ley de Vivienda del Gobierno de España para abaratar el coste del arrendamiento en la provincia, que se sitúa como la segunda más cara de toda Castilla y León. Los socialistas denuncian que esta situación "perjudica gravemente a la población joven", que se ve forzada a abandonar la provincia ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
Así lo ha manifestado el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado nacional, David Serrada, basándose en los últimos datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, publicados este 9 de julio. “Los datos sobre los alquileres en Salamanca son muy claros; tenemos el segundo precio medio más elevado de toda Castilla y León y eso se debe a dos hechos fundamentales. El primero, que el Partido Popular boicotea la Ley de Vivienda del Gobierno de España; y, el segundo, que cada vez más la población joven abandona nuestra provincia por este mismo motivo: no poder acceder a la vivienda”, afirmó Serrada.
Según el informe, el valor medio del alquiler en Castilla y León se situó en 721 euros mensuales en el segundo trimestre de 2025, un 4,6% más que hace un año. Salamanca, con una media de 831 euros tras una subida del 6,3%, es la segunda más cara, solo por detrás de Segovia.
La situación de los precios en el resto de la comunidad es la siguiente:
Serrada ha demandado que se pongan en marcha “medidas por parte de Junta de Castilla y León, la Diputación y otras administraciones locales, que favorezcan que los jóvenes se queden en nuestra provincia y que impulsen el acceso a la vivienda en propiedad y alquiler”.
Desde el PSOE recuerdan que la Ley de Vivienda que, según denuncian, "boicotea el PP", propone una regulación de los parques públicos para evitar su venta a fondos de inversión y una calificación indefinida de la vivienda protegida. Asimismo, plantea la limitación de los precios del alquiler, mejoras en la relación entre arrendador y arrendatario y una mayor protección frente a los desahucios, medidas que, según los socialistas, el PP impide aplicar en la comunidad.