UNICEF ya lo ha advertido: en 2024, por lo menos 242 millones de estudiantes globalmente han visto interrumpida su escolarización debido a eventos climáticos; 85 países o territorios vieron sus escuelas o colegios afectados por amenazas climáticas; y aproximadamente la mitad de la población infantil mundial vive en países expuestos a riesgos climáticos y ambientales extremos.
Maria João Cabrita
Defensora de los derechos humanos
Es innegable, la crisis climática es un problema global, un desafío de seguridad y económico que amenaza nuestra vida tal y como la conocemos. Los fenómenos climáticos extremos como las inundaciones (en Sudán del Sur, en octubre de 2024, se vieron las peores inundaciones en 60 años; o, sin ir más lejos, la tragedia de la DANA en Valencia durante el mismo mes), tormentas, incendios forestales (como los de California a inicios de 2025), olas de calor o de frío, ciclones y sequías. En el presente artículo exploramos la siguiente cuestión: ¿cómo afectan estas condiciones meteorológicas adversas al derecho a la educación?
UNICEF ya lo ha advertido: en 2024, por lo menos 242 millones de estudiantes globalmente han visto interrumpida su escolarización debido a eventos climáticos; 85 países o territorios vieron sus escuelas o colegios afectados por amenazas climáticas; y aproximadamente la mitad de la población infantil mundial vive en países expuestos a riesgos climáticos y ambientales extremos. El futuro no es optimista; de hecho, se prevé que, si nada cambia, para el año 2050 el número de menores afectados por la emergencia climática será ocho veces mayor que en el 2000. Según el director ejecutivo de UNICEF España, Chema Vera, «en este momento ya hay niños pasando hambre o huyendo de sus casas por el cambio climático».
Los más afectados por la situación son los países del Sur Global, en concreto Asia meridional y sudoriental, donde por ejemplo se han registrado temperaturas de 47 ºC en mayo de 2024. Asimismo, Bangladesh y Filipinas sufrieron cierres generalizados de escuelas en abril, mientras que Camboya redujo la jornada escolar en dos horas (UNICEF, 2025).
Las consecuencias del aumento de las temperaturas, inundaciones, ciclones u otros fenómenos extremos para la escolarización son numerosas. En primer lugar, los riesgos climáticos pueden dañar la infraestructura escolar, dificultar la ruta hacia los colegios y generar condiciones inestables de aprendizaje. Para continuar, la capacidad de concentración y memoria también se ven afectadas, así como la salud del alumnado, ya que la exposición a temperaturas muy elevadas o a otras condiciones adversas durante un tiempo prolongado es dañino. Por otro lado, el cierre de las escuelas por largos periodos de tiempo incrementa la posibilidad de que los estudiantes no retomen su educación, al tiempo que les hace más vulnerables al matrimonio y trabajo infantil, siendo las niñas las más afectadas. Es el caso de Etiopía y Kenia, que, conforme a Laboreo Longás (2025) de El País, en estos países el matrimonio infantil aumentó en más de un 90 % en las regiones más afectadas por la sequía, expulsando a las niñas de las escuelas.
Para frenar esta desfavorable coyuntura, es necesario esfuerzos conjuntos por parte de los Estados, y su compromiso con las energías renovables y una gestión de los residuos más eficaz. Es fundamental que los líderes mundiales actúen en cuanto a esta cuestión y prioricen en sus agendas la crisis climática; Amnistía Internacional subraya la importancia de proteger la infancia y el derecho a la educación frente al impacto del cambio climático.