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Actualizado 30/06/2025 17:33:28
Toni Sánchez

La plataforma 'Cuidamos Villamayor', presidida por Ruperto Sánchez, ha emprendido una ofensiva legal contra la fábrica de grasas de Doñinos, denunciando olores, riesgos para la salud e incumplimientos urbanísticos.

"Estamos ante una gran parrilla industrial". Una imagen tan gráfica como alarmante para describir una realidad cotidiana. Así define Ruperto Sánchez, presidente de la plataforma 'Cuidamos Villamayor', la actividad de la fábrica de grasas de Doñinos de Salamanca. Una "parrilla industrial" que, según denuncia, no cocina alimentos, sino que procesa subproductos y emite un cóctel de olores y partículas que ha puesto en vilo a los vecinos de Villamayor, Huerta Otea y otras zonas del alfoz salmantino.

La lucha ciudadana, gestada durante años, ha escalado de la queja a una ofensiva legal y mediática para frenar una situación que consideran insostenible. El conflicto se ha recrudecido drásticamente tras el cambio de propiedad de la planta, que ahora pertenece a un fondo de inversión. "Los anteriores eran unos benditos al lado del fondo de inversión", afirma Sánchez, sugiriendo que la nueva dirección prioriza la rentabilidad por encima del bienestar de los residentes en zonas colindantes.

El respaldo a esta causa ha quedado patente. Para sufragar la batalla legal, la plataforma impulsó una campaña de crowdfunding que ha sido un éxito rotundo. Partiendo de un objetivo de 12.000 euros, han recaudado 13.087 euros, un apoyo que se visualizó también en una reciente asamblea a la que asistieron 107 personas, además de los dos letrados que guían su estrategia judicial.

El núcleo de la denuncia se centra en lo que el presidente de la plataforma califica como un "incumplimiento total de las normas urbanísticas" por parte de la empresa. La frustración de Sánchez es palpable al comparar la estricta burocracia que afronta un ciudadano con la presunta impunidad de la industria. "Cuando tú tienes necesidad de sustituir una ventana en tu casa, tienes que ir al ayuntamiento a pedir una licencia", señala, para después añadir que la fábrica "ha hecho diferentes obras, pero resulta que no han solicitado permiso alguno al ayuntamiento de Doñinos, o los permisos que han solicitado han sido incompletos".

El cierre cautelar: una demanda ignorada y un riesgo creciente para la salud

La exigencia de la plataforma es clara y contundente: el cese inmediato de la actividad. "Lo que tenía que hacer era un cierre cautelar de la empresa mientras no se solucionase la situación", sentencia Sánchez. Recuerda que esta misma petición fue trasladada en septiembre de 2024 al delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. "Estuve hablando yo hace dos semanas y le volvimos a decir lo mismo, pero no nos ha contestado", lamenta.

Con la llegada del calor, la preocupación aumenta, ya que lejos de mejorar, la situación "está empeorando". La vertiente más alarmante es la que atañe a la salud pública. Asesorados por un grupo científico de la Universidad de Salamanca, los vecinos alertan sobre los posibles riesgos de las emisiones. "Cuando hacemos una parrilla estamos desprendiendo unos olores que son cancerígenos pero que a pequeña escala no son relevantes", explica Sánchez para, a continuación, trazar el paralelismo: "Lo que está sucediendo ahí es una gran parrilla, y hay gente que está viviendo a escasos 300 metros".

La incertidumbre sobre la composición del aire que respiran angustia a los vecinos. "Hay una serie de elementos, como son los furanos, las dioxinas, las aminas, los bencenos o los benzopirenos que tenemos que saber exactamente en qué porcentaje de partículas por millón se están desprendiendo al aire", detalla. En este punto, introduce un dato inquietante, aunque con la debida cautela periodística: "No podemos decir que sean causa del cáncer porque no hay pruebas, pero tengámoslo en cuenta".

Una crítica al modelo energético regional: "Esto no va a ser Salamanca cultural"

La crítica de Ruperto Sánchez se extiende más allá de Doñinos y apunta directamente a la política energética de la Junta de Castilla y León, con sus 105 proyectos de biogás y biometano en la región. Acusa a la administración de actuar a remolque de los intereses empresariales.

Su visión del futuro para la provincia es sombría si esta dinámica continúa. "Esto no va a ser Salamanca cultural, esto va a ser como Huelva llena de tubos, tuberías y humos. Eso yo no lo quiero para mi ciudad".

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