El Consorcio de Gestión de Residuos Girsa se hará cargo de este nuevo impuesto y ayudará a los ayuntamientos, pagándolo hasta el año 2026
La nueva Ley 7/2022, que entro en vigor el pasado 26 de abril, obliga a los Ayuntamientos a hacerse acargo del 100% de los impuestos generados por el tratamiento de residuos. Para hacer frente a esta nueva tasa, GIRSA, tras haber hecho un estudio de la misma, ha decidido hacerse cargo del pago integro hasta el 1 de enero de 2026.
Casi 2,8 millones de euros se destinarán a pagar la totalidad de las tasas hasta final de año. La decisión fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno de Girsa celebrada este lunes, 9 de junio. Según explicó el presidente de Girsa y también de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el fin será permitir a los Ayuntamientos que se adapten a este nuevo cambio.
Javier Iglesias detalló que la medida se adopta en un "contexto complejo". La nueva normativa estatal no solo impone a los ayuntamientos el coste real del tratamiento de sus basuras, sino que también introduce un nuevo impuesto estatal sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Este impuesto grava los residuos depositados en vertedero con un mínimo de 7 euros por tonelada.
El principal escollo para los ayuntamientos radica en la dificultad de aplicar estas nuevas obligaciones fiscales de manera inmediata. Como explicó Iglesias, "las tasas de devengo periódico —como la de basuras— solo pueden aplicarse si están recogidas en ordenanzas fiscales vigentes desde el 1 de enero del año natural". Esto significa que ningún ayuntamiento podría legalmente adaptar sus tasas a mitad de año para cubrir estos nuevos costes, como exigiría la entrada en vigor de la normativa.
Frente a esta encrucijada, Girsa, en su calidad de entidad supramunicipal, sí cuenta con la capacidad para adaptar sus propias ordenanzas en cualquier momento del ejercicio. Es precisamente esta flexibilidad la que el Consorcio ha decidido utilizar para evitar que los ayuntamientos tengan que asumir este coste extra de forma abrupta durante el presente ejercicio de 2025.
Desde el punto de vista de Javier Iglesias, esta medida permitirá a los ayuntamientos "planificar con calma sus recursos, ajustar sus ordenanzas y planificar con rigor el próximo ejercicio presupuestario". Al mismo tiempo, se busca proteger a los contribuyentes de la provincia de Salamanca de cargas fiscales inesperadas que podrían surgir de la aplicación directa e inmediata de la ley.
El Presidente de GIRSA ha aclarado también, que los Ayuntamientos, no tendrán que devolver estas ayudas a largo plazo, simplemente tendrán que empezar a pagar la tasa impuesta por el Gobierno a partir del 1 de enero de 2026, que será cuando el Consorcio dejara de hacerlo. Hasta entonces podrán pensar en como hacer frente a esta nueva normativa que ya está vigente.