No hay nada más egoísta -contrario a los principios que informan el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, como son los de libertad, igualdad, justicia, pluralismo político, tolerancia y solidaridad- que los dogmas que imponen las ideas extremistas y reaccionarias de las formaciones políticas ultra conservadoras y algunas conservadoras que se han dejado arrastrar en los últimos tiempos, como es el caso del PP español, cuyas ideas han sido fagocitadas por los ideólogos conservadores que “ordenan y mandan” en esta formación política: Esperanza Aguirre, Aznar y Ayuso en lo político y la fundación Neos, en lo social, cultural y económico, presidida por Mayor Oreja, que quieren imponer la idea de la Creación frente a la de la Evolución que defiende la ciencia en general y avaló Darwin, en particular. Por desgracia, en el PP español, las ideas que han triunfado son las ultramontanas y atrabiliarias de VOX.
Los conservadores españolas han hecho suyas las posiciones supremacistas, racistas y xenófobas contra la política migratoria y contra los inmigrantes, que han ido imponiendo poco a poco Trump, Milei, Orban, Abascal o Meloni. Aunque, lógicamente, estas políticas xenófobas y racistas, lo son, no contra todos los inmigrantes, sino sólo contra los inmigrantes pobres, los “nadies”, porque los venezolanos ultra ricos que vienen a Madrid a invertir en los mejores inmuebles encareciendo escandalosamente el precio de la vivienda en España (que no pueden pagar las clases mayoritarias en España, la media y trabajadora, que son, no olvidemos, las mayoritarias, aunque muchos de ellos estén apoyando a las formaciones políticas ultraconservadoras, que van contra sus propios intereses) tienen vía libre y lejos de ser discriminados, son integrados dentro de las clases dirigentes, dentro de los poderosos, para que sigan oprimiendo a los más humildes. Una política social y económica claramente “aporofóbica”, es decir, de odio, exclusión y rechazo hacia el inmigrante sin recursos económicos o con recursos muy limitados.
A las políticas contra los inmigrantes pobres, se unen otras de progresiva privatización de servicios públicos esenciales para la comunidad, como las educativas, sanitarias y sociales, características del conocido como “Estado del Bienestar”, avalado por las constituciones políticas basadas en los principios del Estado Social como el nuestro. Políticas sociales que tienen que tener siempre como norte y como referente irrenunciable el respeto a la dignidad y los derechos humanos y dejar al albur del “Mercado” la gestión de políticas tan sensibles es una aberración más de este liberalismo atroz que quiere imponernos la derecha y la ultraderecha. Claro que en una economía de Mercado la fabricación y venta de ropa, calzado, muebles, electrodomésticos, alimentación o infraestructuras viarias, por poner claros ejemplos, puede ser asumido lógicamente por la empresa privada, pero servicios esenciales para la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia, deben gestionarse por el Estado y sus agentes, las administraciones públicas territoriales. Si no fuera así, las condiciones sanitarias o educativas de los más pobres se prestarían en condiciones de clara desigualdad y sólo quién pueda pagarse intervenciones quirúrgicas o tratamientos carísimos, tendría derecho a la asistencia sanitaria. No es esto lo que proclama nuestra Constitución en el Título I “De los derechos y deberes fundamentales” y más concretamente en el capítulo tercero de este Título, el que se refiere a los “principios rectores de la política social y económica”. Estos sectores ultraconservadores están haciendo un uso torticero de la Carta Magna, están subvirtiendo el orden constitucional a su antojo, cuando conocen, de sobra, que conforme a lo establecido en el artículo 9.1 de la CE, los poderes públicos, también, además de los ciudadanos “están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
Esta esquizofrenia política de los líderes ultraconservadores se manifiesta constantemente. Por un lado, dicen respetar la Constitución, se manifiestan públicamente apoderándose de la bandera y la Constitución de todos, porque creen que España es de su propiedad y, luego, en sus actuaciones no hacen más que atacar los preceptos de la Carta Magna que avalan el Estado Social y Democrático de Derecho. La última manifestación de este escándalo la ha protagonizado la presidenta madrileña, Ayuso, cuando en la conferencia de presidentes celebrada en Barcelona este viernes 6 de junio, ha tenido la desfachatez de ausentarse en el momento en que el presidente de la Generalitat catalana o el lehendakari vasco han utilizado sus lenguas: catalán y euskera, en sus intervenciones, cuando la CE ampara estos idiomas, que también son oficiales, no sólo el castellano. El gesto de Ayuso es absolutamente intolerable. Las respuestas no se han hecho esperar. Aitor Estaban del PNV ha dicho en redes que “quién se escandaliza por el empleo del euskera o el catalán tiene un serio problema y demuestra que carece de argumentos para hacer política”.
Es absolutamente lamentable, de una ignorancia supina o, en su caso –puesto que tenemos que presumir que si alguien es presidente de una comunidad autónoma conoce el ordenamiento jurídico, aunque tratándose de Ayuso, lo pongo muy en duda- de una inquina y odio incalificables. Precisamente Ayuso, quién en tono “macarra”, “barriobajero” y “chulesco” proclama que hay que tomarse “cañitas” en “terracitas”, y que eso es síntoma de esa “libertad” sui géneris que tanto dice defender, no permite que se hable en catalán, gallego o euskera en la conferencia de presidentes. Este personaje siniestro tiene un serio problema. Y lo más grave de todo es que desde su partido, el PP, aprueban todo lo que Ayuso hace. Se nota que hay miedo, porque Ayuso tiene una obsesión enfermiza por el poder, por mandar, por imponer su criterio político despreciando la pluralidad y la diversidad y el resto de mandatarios del PP actúan siempre -no conforme a los intereses generales de los ciudadanos de la comunidad en la que gobiernan, sino conforme a los intereses electorales de su formación política- con ciega obediencia hacia sus jefes con tinte fascistoide; el interés general es lo de menos, lo importante es echar al gobierno socialista, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo criminal.