Las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Maduro han tomado múltiples formas: las detenciones arbitrarias son parte de la rutina diaria, con cientos de opositores políticos encarcelados sin juicio; las fuerzas de seguridad practican torturas sistemáticas en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), utilizando métodos como la privación del sueño, descargas eléctricas y violencia física para obtener confesiones forzadas.
Matteo Lentini
Defensor de los derechos humanos
Venezuela entra en 2025, tras más de una década de crisis económica, política y social, en un periodo marcado por la represión, la emigración forzosa y el progresivo aislamiento internacional. Sin embargo, en otro tiempo, esta nación fue una de las más prósperas e influyentes de América Latina, gracias a sus enormes reservas de petróleo, una economía próspera y una sociedad dinámica. El ascenso de Hugo Chávez a finales de la década de 1990 marcó sin duda un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Con su carisma y retórica populista, estableció un sistema basado en el amiguismo y el control estatal de la economía que prolongó durante años la ilusión de prosperidad gracias a los altos precios del petróleo. Y aunque sus «políticas económicas» se consideraron un éxito, en realidad su administración estaba sentando las bases de un Estado autoritario. Y como resultado, el gobierno de Chávez no dejó de reprimir durante años a la disidencia; restringió la libertad de prensa y desmanteló progresivamente los contrapesos democráticos, desarrollando un sistema que iba camino de la dictadura.
La muerte de Chávez en 2013 inició una nueva fase con Nicolás Maduro, que optó por adoptar un modelo cada vez más autoritario hasta la actualidad. Así continuó la gestión incompetente y corrupta de los recursos, que desencadenó una espiral de degradación dentro del país. Las masivas protestas de 2014 y 2017, en las que millones de ciudadanos reclamaban un cambio democrático, fueron inmediatamente aplastadas por las autoridades. Y así, hasta 2023, se han registrado unas 15.700 detenciones arbitrarias, y el gobierno sigue reprimiendo todas las formas de disidencia año tras año, perfeccionando sus tácticas de control y asegurándose la lealtad de las fuerzas armadas mediante un sistema de privilegios e impunidad.
El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió su momento crucial con las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador y, por lo tanto, presidente del país por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La respuesta de la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, fue impugnar enérgicamente los resultados, acusando al gobierno de fraude electoral y falta de transparencia. González llegó a presentar pruebas que indicaban que había ganado con el 70 % de los votos; sin embargo, estas fueron ignoradas por las autoridades. De hecho, el Consejo Nacional Electoral, que debería desempeñar un papel imparcial, se ha convertido en un instrumento al servicio del gobierno. Protestas masivas en todo el país fueron violentamente reprimidas y muchos disidentes desaparecieron sin dejar rastro, mientras amenazaba a periodistas y activistas de derechos humanos. Organizaciones internacionales han documentado al menos 24 muertos durante las protestas y más de 2.000 arrestos arbitrarios, incluidos menores de edad.
Quienes no demostraban lealtad corrían el riesgo de ser excluidos de todo: alimentos, atención médica, combustible e incluso el acceso a la educación para sus hijos. El mensaje era claro: apoya a Maduro o quedas fuera.
Más allá del fraude electoral, las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de Maduro han tomado múltiples formas: las detenciones arbitrarias son parte de la rutina diaria, con cientos de opositores políticos encarcelados sin juicio; las fuerzas de seguridad practican torturas sistemáticas en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), utilizando métodos como la privación del sueño, descargas eléctricas y violencia física para obtener confesiones forzadas. La censura es ahora total, con la expulsión o el arresto de periodistas incómodos y el bloqueo de medios de comunicación independientes; el uso de la justicia como arma política ha llevado a juicios farsa y condenas predeterminadas contra cualquiera que se atreva a oponerse al gobierno. Además, la crisis económica y social ha convertido a Venezuela en un infierno cotidiano para millones de ciudadanos: el sistema de salud está colapsado, la desnutrición está en aumento y la hiperinflación ha hecho imposible la compra de bienes esenciales. El éxodo migratorio, que ha afectado a más de ocho millones de venezolanos, es el resultado directo de estas políticas fraudulentas, represivas y fallidas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha solicitado la liberación inmediata de los presos políticos y una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero Maduro rechazó estas demandas; y mientras las condenas se multiplican, el gobierno venezolano continúa profundizando sus lazos con diversos regímenes autoritarios aliados. La creciente presencia de actores internacionales complica cualquier intento de presión diplomática, ya que Venezuela es una pieza en un tablero geopolítico más amplio, donde los intereses económicos y militares pesan más que el sufrimiento de su pueblo.
El éxodo migratorio, uno de los más dramáticos en la historia de Sudamérica, con millones de venezolanos obligados a abandonar su país en busca de refugio en naciones vecinas, muchas de las cuales también enfrentan situaciones de inestabilidad política y económica. Colombia, Brasil, Perú y Ecuador están al límite de su capacidad de acogida, con comunidades enteras de refugiados viviendo en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios esenciales y siendo víctimas de discriminación y explotación. Mientras tanto, quienes permanecen en Venezuela viven en un país al borde del colapso, por lo que es preciso que la comunidad internacional muestre un claro apoyo a la democracia y los derechos humanos.